Antes de que nos olviden: hagamos historia en el federalismo fiscal

Hoy México cuenta con una mayoría partidista en el Congreso de la Unión y en las gobernaturas subnacionales. La pregunta es inevitable: ¿para qué se ha utilizado ese respaldo? Sí, se ha avanzado en la reducción de la pobreza por ingresos vía aumentos al salario mínimo, pero aún queda pendiente reducir la desigualdad por riqueza.

La concentración de bienes de capital: automóviles, vivienda, terrenos y activos financieros es marcada en nuestro país. De acuerdo con el Reporte Global de Riqueza, en México existen 333 mil personas millonarias, el 56% de su riqueza se encuentra en activos no financieros.

Al respecto, existen 40 millones de predios que están formalmente registrados en los padrones catastrales de los estados y municipios, el 80% de estos son urbanos. A su vez, existen 65.61 millones de vehículos de uso personal en circulación; es decir, un vehículo por cada 2 personas. En este momento, no tenemos certeza de su valor, concentración de posesión ni situación fiscal. Y esa opacidad es el verdadero gasto fiscal oculto que pagamos.

El Paquete Económico 2027 estima ingresos presupuestarios por 9.15 billones de pesos, de los cuales 6.26 billones provendrán de impuestos como ISR, IVA e IEPS. A su vez, 3.05 billones se destinarán al gasto federalizado mediante Participaciones y Aportaciones. Sin una Reforma Fiscal en el horizonte, toca mirar con lupa lo que ya tenemos: el federalismo fiscal.

A más de 40 años de su creación, la Ley de Coordinación Fiscal ha sido modificada múltiples veces, no siempre en beneficio de la equidad. La Recaudación Federal Participable (RFP) se nutre principalmente de ISR e IVA, es decir, del trabajo asalariado y del consumo: impactando más a la clase media y baja. Los impuestos al capital, en cambio, quedaron fuera de esta gran bolsa. El predial siempre ha sido potestad municipal y la tenencia federal se derogó en 2007 (con efectos desde 2012).

Hoy vivimos las consecuencias:

•  Vivienda y terrenos con precios asimétricos y sin trazabilidad de su posesión; lo que propicia fraudes, especulación y difícil acceso a vivienda digna.

• Placas de automóviles registradas en estados donde no se paga tenencia, lo que reduce la efectividad de multas y deteriora la cultura vial.

¿Qué pasaría si el cobro de estos impuestos se volviera potestad federal? La capacidad institucional de las Secretarías de Finanzas estatales para actualizar catastros y cruzar datos es una barrera evidente. De allí la importancia de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral como antecedente. Un catálogo único coordinado por el SAT, conectado a bases de datos de domicilio, RFCs de compra-venta, transacciones digitales y multas cívicas, podría fortalecer no solo las finanzas públicas, sino también la política urbana, de vivienda y la movilidad.

La Ley de Disciplina Financiera de 2016 fue el último intento de corrección: puso techos al endeudamiento y creó un sistema de alertas, pero no amplió la capacidad recaudatoria. Antes de comprometer el grado de inversión por el poco espacio fiscal que tiene el país, debemos rascar paredes y buscar restos de impuestos.

Porque los impuestos no pueden seguir siendo un tema tabú, ni su relación con la riqueza un asunto aspiracional basado en la falsa meritocracia. El federalismo fiscal no debe seguir siendo un pacto de mínimos. Es hora de que se convierta en un verdadero instrumento de equidad territorial y de justicia social. Antes de que nos olviden, hagamos historia.