IP ve faltas al T-MEC de iniciativa en telcos

El sector empresarial del país expresó su disposición al Legislativo para participar en los ejercicios de consulta del nuevo marco legal en telecomunicaciones, ya que existe preocupación al generar un entorno desigual que atenta contra la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico del país.

Los organismos que conforman el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) demandaron a los legisladores que sume a la ciudadanía, expertos y empresarios para definir un marco regulatorio equilibrado en materia de telecomunicaciones, que parta del principio de la rectoría del Estado, fomente el desarrollo de los mercados, la certidumbre jurídica y la libertad de expresión.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sostuvo: “nos inquieta especialmente la facultad de la nueva Agencia para ordenar el bloqueo de plataformas digitales sin intervención judicial previa”.

La iniciativa contraviene el T-MEC, dijo, al eliminar un regulador independiente, lo que pone en riesgo la certeza jurídica y la estabilidad del sector

La Coparmex afirmó que debilita la competencia al permitir que entidades del Estado ofrezcan servicios comerciales bajo esquemas de subsidio, con asignaciones de espectro sin licitación ni contraprestación, y sin estar sujetas a un marco regulatorio equitativo.

“Esta asimetría vulnera el artículo 18.18 del T-MEC, relativo a las Empresas Propiedad del Estado, y genera un entorno desigual que atenta contra la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico del país”, señaló.

Luego de que el pasado viernes, la presidenta Sheinbaum reconsiderara abrir espacios para el diálogo, el CCE reconoció y valoró que se abran mayores espacios para la reflexión.

Los patrones del país resaltaron que el sector de telecomunicaciones representa el 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y genera más de 265,000 empleos directos, por lo que conminó a los legisladores a revisar con responsabilidad esta iniciativa, preservar la autonomía del regulador, eliminar disposiciones que amenacen derechos fundamentales y garantizar una transición ordenada

“Reiteramos nuestro llamado a un diálogo abierto, técnico y con todos los sectores involucrados, porque la propuesta plantea riesgos sustanciales: elimina la autonomía del regulador, erosiona la certeza jurídica”, dijo la Coparmex.