¿Volver a la década de los 60 en materia eléctrica? Imposible, esto dicen implicados y expertos

Por lo menos para expertos en el sector energético mexicano y para implicados que cuentan con inversiones y operaciones en el mercado eléctrico del país, volver al modelo que dejó el expresidente Adolfo López Mateos en 1964 no sólo sería un gran desperdicio en materia ambiental y de crecimiento económico del país, sino que es imposible.

Según la vocería de una de las empresas con mayor presencia en generación renovable de México “nosotros competimos en serio, traemos inversiones y no podemos frenar. No podemos despedir a cientos de colaboradores, sencillamente no es posible”, dijo a El Economista. 

Y es que la propuesta de una reforma a la Constitución como la que anunció el jueves en su conferencia desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador -que implicaría modificaciones a los Artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, además de nuevas leyes de la Industria Eléctrica, de la Comisión Federal de Electricidad y de los Órganos Reguladores en Materia Energética, por lo menos- significaría volver al monopolio absoluto de todos los eslabones de la actividad eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

CFE de los 60 hasta hoy

La empresa, que entonces incluso tenía el soporte de otra estatal para la zona con mayor densidad que es el centro del país: Luz y Fuerza del Centro, generaba, transmitía en alto voltaje, transformaba y distribuía a menor potencia y llevaba a menos de 60% de la población, que era de 42 millones de habitantes, la energía eléctrica.  Hoy está electrificado más de 98% del país, donde la población ha crecido a más de 122 millones de habitantes.  

Gracias a distintas discusiones legislativas que se han realizado desde 1964, se aprobó primero que las estatales construyeran infraestructura contratando a empresas especializadas difiriendo a largo plazo los pagos mediante el esquema de Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas), hasta que en 1992 se aprobó el ingreso de capitales privados para vender energía generada a la CFE y a Luz y Fuerza regulados por un nuevo organismo: la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que revisaba las actividades permitidas a terceros: importación, exportación, autoabasto, producción independiente de energía y cogeneración mediante procesos industriales. 

Luego en 2014 se aprobaron cambios a la Constitución y se implementó la Ley de la Industria Eléctrica que obliga a que se despache primero la energía más barata, que por no sufrir de volatilidad en precios de combustibles y contar con incentivos para pagar menos en transmisión, es  la que generan privados y vendieron en subastas el sexenio pasado. 

Esta Ley fue reformada en 2021 para beneficiar en la prelación del despacho la energía de la CFE, que ya suministra a todo el país (con la extinción de Luz y Fuerza en 2010) y que ya tiene competencia legal en generación y comercialización de la energía, pero conserva como actividades estratégicas para el Estado la transmisión y distribución de la electricidad. 

SCJN VS AMLO

Pero este miércoles 31 de enero la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el amparo a seis empresas y declaró la inconstitucionalidad de los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, vigentes desde el 10 de marzo de 2021, que favorecían a la Comisión Federal de Electricidad por sobre los privados que generan energía eléctrica; la sentencia aplicó de manera general a todos los agentes que participan en el mercado eléctrico nacional.

Entonces Miriam Grunstein, abogada del sector energético, fue enfática: “es bastante previsible que el presidente se inconforme completamente con el modelo energético legal vigente y busque otra vez una reforma a la Constitución pero ¿para qué? La composición del Congreso que ya se la rechazó una vez, sigue igual, sólo es ruido e incertidumbre para los que en verdad se esfuerzan por beneficiar al país con inversiones y competencia”, dijo Grunstein a El Economista. 

Desperdicio de oportunidades

Según el experto en el sector energético mexicano, Arturo Carranza, cualquier decisión que se tome para regresar al modelo eléctrico de los 60 significaría desaprovechar los beneficios que las tecnologías ofrecen actualmente a los consumidores. 

“En este sentido, debe recordarse que hoy las tecnologías renovables generan electricidad más barata y menos contaminante que las tecnologías fósiles. Su utilización, por ello, no debe corresponder exclusivamente a los privados”, explicó Carranza a El Economista. 

Según el analista, a su vez, las empresas públicas, en todo el mundo y en nuestro país la CFE en sus áreas reservadas estratégicas que son la transmisión y distribución de energía, y Petróleos Mexicanos en el abasto suficiente y asequible de combustibles cada vez menos contaminantes para todos los generadores de energía, deben desplegar recursos de la nación e invertir en tecnología que reduzca costos y emisiones de gases de efecto invernadero o agentes contaminantes, para poner a disposición de los consumidores más energía eléctrica, limpia y moderna. 

Por otro lado, Carranza consideró también que el regreso a un modelo eléctrico de los 60 implicaría desestimar lo que son destinos inevitables para la humanidad: los sistemas de almacenamiento de energía y el hidrógeno verde. 

“Estas nuevas tecnologías ayudarán a resolver, en la medida en que se instrumenten gradual y progresivamente, cuellos de botella que muchos sistemas eléctricos presentan hoy en día”, explicó. 

Y es que, en el caso de México, el almacenamiento de energía permitirá, por ejemplo, transportar más energía por las redes eléctricas sin estresar el Sistema Eléctrico Nacional y convertir al país en una potencia exportadora incluso, por la privilegiada posición geográfica de puente entre Norteamérica y el Centro del continente.

Karol García 

karol.garcia@eleconomista.mx