Luego de 40 días del socavón registrado en el Paso Exprés de Cuernavaca, donde perdieron dos personas la vida, el gobierno federal no ha deslindado responsabilidades, prevalece la información contradictoria y se intensificaron las acusaciones hacia el gobernador de la entidad, Graco Ramírez, por no actuar a tiempo. Este último respondió que se trata de una cortina de humo para evadir la situación.

Únicamente se ha informado de la destitución del delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Morelos, José Luis Alarcón, y de la separación temporal de su cargo a siete funcionarios responsables con la ejecución de la obra, cuyos nombres no se han mencionado.

En su informe sobre los acontecimientos que entregó la semana pasada la SCT a la Tercera Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presidida por el senador panista Ernesto Cordero, su titular, Gerardo Ruiz Esparza, reiteró que asume responsabilidad global en el asunto , aunque las empresas participantes y funcionarios de menor rango también la tienen.

En la segunda página del documento se afirma que diariamente se ha informado a la opinión pública sobre la atención al desafortunado acontecimiento; sin embargo, no menciona de qué manera lo han hecho frecuentemente y dicen que toda la información relacionada está en un sitio web, que ya existía y donde únicamente aparece la información técnica de la obra.

La convocatoria, las bases y todos los contratos relacionados sí fueron hechos públicos, paulatinamente, dentro de la Dirección General de Carreteras.

Incluso, en términos de comunicación, la SCT optó por que su titular diera entrevistas radiofónicas el 10 de agosto (cuando se conocieron las conclusiones del grupo de peritos expertos) de manera paralela la conferencia que daba el titular de la dirección referida, a cargo de Clemente Poon, respondió a preguntas de los medios que le fueron leídas.

La revisión del alcantarillado

Los peritos liderados por Humberto Marengo, expresidente de la Academia Mexicana de Ingeniería, concluyeron que hubo fallas en el diseño de la obra (antes de que se licitara su construcción) y en la supervisión. En el primer caso aseguraron que no había evidencia de la revisión física de la alcantarilla (que ya estaba dañada y se debía cambiar). Si hubieran hecho eso, no estaríamos hablando del accidente , dijeron.

No obstante, el documento de la SCT afirma que ésta sí fue verificada por el coordinador de la obra (Sacc Ingeniería) quien legal y contractualmente tiene la obligación de hacerlo , y que hay un documento que lo avala y está en manos de la Secretaría de la Función Pública. Aunque es entendible dicha conclusión, porque su trabajó no tuvo un alcance documental y versó sobre el lugar de los hechos.

La noche de este lunes, se consultó a uno de peritos que elaboraron el documento y reiteró que no tenían evidencia de la revisión y que lo más conveniente en este momento es que la SCT haga públicas sus pruebas sobre el tema.

El embovedamiento que no fue

Con la construcción de la obra ya en curso, por Epccor y Aldesa, el peritaje concluyó también que no se realizó el embovedamiento de la alcantarilla, como lo sugirió la empresa coordinadora Sacc Ingeniería, situación que finalmente ocasionó el socavón.

Ese comentario fue retomado con insistencia por el titular de la SCT e incluso calificó de imperdonable la omisión y prometió llegar a sus últimas consecuencias sin que ello implique tapar a nadie .

Un par de semanas antes, se difundió la versión de que las empresas constructoras sí habían advertido la necesidad de proteger el alcantarillado pero que su comentario no tuvo respuesta por parte de las autoridades.

En este sentido, el 10 de agosto Ruiz Esparza aseguró, sin mencionar nombres, que se han registrado filtraciones de información falsa (sobre la advertencia de Epccor y Aldesa), por lo que debe haber una sanción consecuente.

Actores en conflicto

El subsecretario de Infraestructura

  • Luego de mutuas acusaciones entre la SCT y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por la responsabilidad del socavón, el 27 de julio éste se reunió con el subsecretario de Gobierno, René Juárez, y el subsecretario de Infraestructura, Óscar Callejo. Coincidieron en trabajar conjuntamente y atender los problemas generados.
  • Sin embargo, en la relatoría que entregó la SCT al Congreso se afirma que el gobernador fue notificado a las 6:15 horas del 12 de julio personalmente por Callejo una hora después del accidente y no se presentó, como sí lo hicieron a esa hora funcionarios de la SCT.
  • Ni en ese momento ni a lo largo de todo el día hubo presencia de funcionarios de los gobiernos estatal y municipal , que prestaran ayuda. El enfrentamiento entre las autoridades volvió.

La labor de la Función Pública

  • La SCT ha reiterado que desde el día del accidente se pidió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) una auditoría administrativa a efecto de deslindar y fincar responsabilidades sobre la actuación de los servidores públicos y empresas participantes y que colaboran aportando la información disponible, por lo que están a la espera de sus conclusiones en absoluto respecto a los tiempos legales .
  • El documento de los peritos es solamente una parte de esa indagatoria, por lo que no es vinculante ni determinante en la investigación y de ninguna manera pone fin a las diversas líneas de investigación que desarrolla la SFP, a través del Órgano Interno de Control en la SCT, en el marco de los expedientes iniciados sobre estos acontecimientos .

El papel de Epccor y Aldesa

  • En el desarrollo del Paso Exprés de Cuernavaca han participado más de ocho empresas, pero dos han sido consideradas, con información preliminar, como responsables del accidente mortal: las constructoras Epccor y Aldesa. La autoridad ha asegurado que el caso no quedará inmune y habrá las sanciones ejemplares.
  • En respuesta, Aldesa, cuya matriz es española, ha manifestado públicamente que cuenta con personal capacitado para realizar la obra y que su trayectoria en México y el extranjero está comprobada, por lo cual mantiene su interés en construir el centro de transporte terrestre del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (la licitación está en marcha). Además, tiene adjudicado el contrato para construir la torre de control.
  • Su socia Epccor no ha salido a defenderse y busca construir un hospital en Atlacomulco, en el Estado de México.

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