Agustín Ignacio Garzón es abogado y exregulador argentino de telecomunicaciones. Entre 2015 y 2016 fue el jefe en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y después se convirtió en el director del Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina (Enacom), ya durante el gobierno de Mauricio Macri.

Anteriormente fue legislador por Buenos Aires, desde el Partido Propuesta Republicana y de ahí la simpatía ideológica de Garzón con Macri respecto al libre mercado y la descentralización del poder; de hecho, el exregulador es adversario político de Cristina Fernández de Kirchner, desde la polémica desatada por el nacimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o “Ley de Medios” que la expresidente promulgó en 2009 y luego modificada mediante decreto por Macri, en 2016.

Garzón ahora es consultor y recién conoció la noticia de iniciativa de ley para amalgamar a tres órganos reguladores mexicanos en uno solo, entre ellos el que regula las telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y que el argentino considera que es un motor de cambios para todos los reguladores de América Latina.

—¿Cómo ha visto el proceder del Enacom durante esta era de pandemia? ¿Considera que estar en la órbita del jefe de gabinete complica el trabajo del regulador?

—Por el momento, este gobierno mantiene las mismas políticas en términos de trabajo regulatorio. Ha mantenido al Enacom; cuatro consejeros los elije el poder ejecutivo y tres son por el Congreso. Se mantiene la misma conformación y por el momento no vemos que haya un cambio importante, de fondo; para mejorar su trabajo de regulación. El Enacom es un órgano de valor, lo tuvieron que haber visto.

El Enacom estuvo muy activo en este tema del aislamiento por la pandemia. Por ejemplo, estuvo andando en los barrios más necesitados con tarjetas de crédito móvil; hizo mucho más.

Resumiendo, el regulador argentino ha estado muy activo, tratando de resolver y resolviendo, y no veo por el momento que vengan modificaciones a su estructura. Pero hay que ver, que (en el gobierno de Alberto Fernández) asumieron hace pocos meses y los agarró la cuarentena y desconozco si después de que esto termine tomarán medidas más de fondo.

—Aquí existe una propuesta para extinguir a los reguladores de energía, telecomunicaciones y competencia económica para crear una nueva entidad llamada “Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar y su nacimiento obedece a ahorros de dinero… Desde su experiencia en un organismo con la naturaleza de Enacom, ¿cómo una intención así podría beneficiar o impactar al mercado y los usuarios?

—Por lo que se cuenta, es una excusa débil basar todo en un ahorro y esperemos que no sea idea política. Esta generación de organismos autónomos en México vino de la mano de las recomendaciones de la OCDE. Y ya desde el primer informe respecto a telecomunicaciones de la OCDE sobre México, que fue en 2012, se fincaron las ideas de las reformas que se fueron ejecutando; una de ellas fue la creación de los organismos autónomos como es IFT.

México tenía antes un regulador y además un ministerio. Ese doble comando para medidas regulatorias, hizo que las medidas fueran lentas, burocráticas o políticas. Entonces, frente a un mercado dinámico como es el de telecomunicaciones, donde se necesita tomar medidas de largo plazo y otras para situaciones rápidas, pero que no estén influidas por la política, es necesario tener una autoridad independiente, que además es una recomendación de la OCDE.

Los usuarios y el mercado esperan un regulador que actúe, que no le importe si es un año electoral; que le importe el desarrollo del acceso a Internet para los mexicanos; para accesos a más comunicaciones. Es importante que las políticas de telecomunicaciones no vayan de la mano con la política electoral, sino con el mercado y para eso es importante que exista una autoridad autónoma. Creo que es la forma de hacer regulación.

—La iniciativa, respaldada por el grupo político del presidente mexicano, se sustenta en un ahorro de aproximadamente 22 millones de dólares por año con la fusión de los tres reguladores en uno solo; es lo que ellos quieren que entendamos.

—Para qué es un ahorro. Cuál es el argumento técnico. Están los resultados que logró México con este IFT. Ahí tienen los 4,000 millones de dólares que llevó un operador, los 2,000 millones de dólares por intangibles; 27% más hogares conectados por fibra óptica y 19.9 millones de accesos a Internet en hogares. Todos esos son indicadores de México que tuvieron una gran mejoría por el trabajo del IFT. Este es un regulador que publica un montón de informes, su experiencia, y por eso nos genera expectativa.

La conclusión es que no resulta conveniente romper este esquema, porque las regulación que lleva por delante México, al menos en telecomunicaciones, tuvo un muy buen resultado, por lo habría que mantenerlo y además empata con las recomendaciones de la OCDE. No haría falta hacer ninguna modificación por ese camino, más que sólo para mejorar; inclusive aquí lo se prevé es una gran carga de trabajo para un organismo que concentrará también otras áreas.

—¿Qué observaría que hizo el IFT como para que el Enacom emule en su trabajo regulatorio?

—Ellos hicieron mucho para lograr la conectividad en pueblos alejados y pequeños, reglamentaron las redes comunitarias de Internet. Luego están las experiencias positivas como las grandes inversiones que atrajeron también y la Red Compartida.

México es un muchos temas un ejemplo, porque tiene un tamaño grande y una gran población, por lo que el tema de llevar cobertura a todos siempre es un reto muy importante y ahí hay experiencia viva que se puede copiar en Argentina.

Para aprobar al nuevo regulador, el gobierno tendría que hacer muchas modificaciones y hoy suena todo contrario a su reforma (de telecomunicaciones). Se necesita un órgano que sea transparente, que siga arrojando buenos resultados, porque IFT con su trabajo ha hecho un cambio dinámico para toda la región en cuanto regulación.

Lo mejor para los mexicanos es un regulador que cuestione, que sea transparente y que tenga su principio en la autonomía y lejos de la política.