Cancún, QR. Además de las reformas legales que se aprobaron en el 2014 para modificar la estructura del sector energético mexicano, el gobierno enfrentará en breve distintas disyuntivas, como la conducción de más subastas para el crecimiento de la red nacional al ritmo necesario y la decisión de centralizar o dejar en manos de múltiples jugadores el almacén de electricidad, que antes del 2030 será el foco de discusión del sector en el mundo entero. Así lo consideraron el comisionado Marcelino Madrigal, de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Jean Michel Glachant, director de la Escuela de Regulación de Florencia, durante su participación en el VII Foro Mundial de Regulación en Energía.

En el esquema de mercado que hoy existe en México, se pasó del despacho basado en precios a uno basado en costos. Es decir, los generadores que primero venden al sistema son los que ofrecen la energía más barata en megawatts con costos de combustibles que incluyen la hora y el precio nivelado de la tecnología que se utiliza. Pero a esto se añade una señal de precios, con la referencia del precio en que se vendió un día antes, ya que el mercado funciona hasta ahora con compras por día de adelanto, explicó el comisionado de la CRE, Marcelino Madrigal.

Ademas, los incentivos de precios para atraer inversionistas que incrementen la capacidad conforme a las demandas de crecimiento obligan a que el gestor de la red y el gobierno central ponderen la tecnología que se busca que se utilice.

“Si asumimos que los generadores toman gas o carbón con sus externalidades ambientales, será una decisión de política pública que esto incurrirá en una elevación de sus costos y esto se puede implementar a través de impuestos que terminarían en mejores precios para las renovables”, dijo. “Otra forma son las tarifas feed-in (que pagan a quienes generan con renovables) o seguir realizando subastas que amarran la demanda en el largo plazo y todo ello es decisión del gobierno, no del regulador”, explicó.

El VII Foro Mundial de Regulación en Energía se lleva a cabo del 20 al 23 de marzo en Cancún, con la presencia de académicos y representantes de los organismos reguladores de más de 15 países.

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