Frente a la demora en la Cámara de Diputados en Argentina, el oficialismo presiona desde el Ejecutivo para se trate el proyecto de "Promoción de la Alimentación Saludable" que busca implementar un etiquetado frontal de advertencias sobre el contenido de los alimentos de consumo masivo. La propuesta fue cuestionada por las alimenticias pero logró el visto bueno del Senado hace ocho meses.

El proyecto busca incluir octógonos negros con la inscripción "Exceso en..." o "Alto contenido de" para advertir en los envases sobre el contenido excesivo de ingredientes como azúcar, grasas y/o sodio.

Fue presentado por la legisladora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti y está basado en el sistema de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, el que mejor se corresponde con las recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).

En ese contexto, la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) puso en marcha una campaña nacional para pedirle a la Cámara de Diputados que "apruebe, sin más demoras ni cambios, el proyecto de etiquetado frontal de advertencias en alimentos y bebidas".

Tras la aprobación en el Senado, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) puso en marcha gestiones para demorar el tratamiento bajo el argumento de que el etiquetado debe consensuarse a nivel Mercosur.

Entre los detractores, las organizaciones que defienden el proyecto apuntan en especial al lobby de la industria azucarera, que desde algunos sectores "repudiaron enfáticamente" el proyecto. "El etiquetado frontal debe ser acompañado y complementado con educación sobre nutrición y alimentación saludable. Tiene que ser de carácter informativo y no restrictivo", indicó la Cámara Azucarera Argentina.

"Estamos a favor de su implementación, pero consideramos fundamental que la discusión se lleve a cabo en el ámbito Mercosur para que haya una armonización regional", dijo en ese momento el presidente de Copal Daniel Funes de Rioja, hoy titular de la Unión Industrial Argentina.

La norma tiene como objetivo proteger y garantizar el derecho a la salud y a la información y fue aprobada por la Cámara de Senadores en octubre del año pasado. Desde entonces se espera su tratamiento en la Cámara de Diputados. Las organizaciones que apoyan el proyecto advierten que el riesgo es que la normativa pierda estado parlamentario a fin de año o se incluyan cambios y que vuelva al Senado.

En los últimos cinco años, Chile, Perú, México y Uruguay han implementado etiquetas de advertencia en el frente del envase.