El Gobierno colombiano lanzó el jueves una oferta para vender la participación que posee en Colombia Telecomunicaciones (Coltel) —filial del grupo español Telefónica—, por 2.3 billones de pesos (795 millones de dólares), informó el Ministerio de Hacienda de Colombia. El gobierno ofrece 1,100 millones de acciones, equivalente a 32.5% de Coltel, a un precio de 2,075.31 pesos por cada título.

Esta oferta (primera etapa) tendrá vigencia desde las 8 de la mañana de este viernes hasta las 5 de la tarde del 3 de octubre; cabe aclarar que, según las condiciones, la oferta podría interrumpirse por decisión del Ministerio o por un requerimiento judicial.

Camilo Barco, director general de participación estatal, había señalado a La República que la siguiente etapa se llevará a cabo “dos meses después de la publicación del aviso de oferta de la primera etapa”, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 226 de 1995.

Coltel, que surgió de la liquidada Telecom, opera en Colombia bajo la marca Movistar; en el 2006, Telefónica adquirió 50% más una acción de la compañía local por 369 millones de dólares.

Posteriormente, en el 2012 Telefónica invirtió 670 millones de dólares en el proceso de rescate de Coltel, ante lo cual elevó su participación accionaria.

La actividad de la empresa se centra en los negocios de telefonía y conectividad móvil, servicios de banda ancha, fibra óptica al hogar, televisión satelital, telefonía fija y la oferta de soluciones digitales para pequeñas, medianas y grandes empresas y corporaciones.

Telefónica está presente en 280 de los 1,122 municipios de Colombia con banda ancha fija, en 957 con telefonía móvil y en 769 con telefonía fija.

OTRO PLEITO

Cabe recordar que en febrero de este año Telefónica interpuso una demanda contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, con el fin de frenar una sanción interpuesta a Claro y Telefónica por el Estado colombiano. Claro ya había elevado una demanda ante la misma entidad a finales del año pasado, días después de que se conociera el laudo arbitral. Ambas compañías fueron obligadas a desembolsar 4.7 billones de pesos como pago por la reversión de la infraestructura utilizada en la primera concesión de telefonía celular en el país, que se otorgó en 1998.

Las dos firmas entraron en un litigio con la Nación desde el 2004, al finalizar este primer contrato. El motivo fue una cláusula que obligaba a retornar los equipos utilizados, aunque las firmas aducían que sólo debían entregar la franja del espectro que usaron. En julio del 2017 un tribunal de arbitramento le dio la razón al Estado y condenó a Claro a pagar 3.1 billones de pesos y a Telefónica, 1.6 billones de pesos.

Odebrecht presenta demanda contra Colombia

Odebrecht, empresa implicada en casos de corrupción en varios países de América Latina, demandó ante tribunales internacionales a Colombia por 3.8 billones de pesos colombianos (US1,300 millones). Según la multinacional, el gobierno hizo una expropiación ilegal de sus intereses en el país, específicamente en la Ruta del Sol.

Si bien la compañía brasileña reconoce que hubo sobornos en la adjudicación de esta obra, indica que se trató de acciones de algunos de sus directivos y que Colombia incumplió el acuerdo que firmó con España para proteger la inversión internacional.

“Con fundamentos en las afirmaciones fácticas y legales expuestas en la presente, que sustentan cada reclamación, la presente carta constituye una notificación formal de disputa conforme al artículo 10 del APPRI (Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones). España reclama la indemnización y el resarcimiento de los daños causados a sus inversiones por las múltiples violaciones a sus obligaciones asumidas bajo el acuerdo”, dice la demanda.

De acuerdo con Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Jurídica del Estado, la acción de Odebrecht es una notificación de arbitramento a la que la empresa recurre porque el acuerdo con España permite esos recursos. Sin embargo, señaló que el Estado ha actuado debidamente para proteger los intereses de los colombianos. (La República / Colombia)