Más de la mitad de los países, es decir 56% (53 países) que participaron en la Encuesta Mundial de la Central Sindical Internacional (CSI) sobre Covid-19 indicaron que, en los últimos meses, sus gobiernos habían introducido restricciones a los derechos humanos y sindicales como parte de sus respuestas a la pandemia del coronavirus.

Las conclusiones de la quinta Encuesta Mundial de la CSI sobre Covid-19 de 121 sindicatos de 95 países, entre ellos 17 países del G-20 y 33 países de la OCDE, realizada entre el 22 y el 25 de junio de 2020, revelan que esos ataques se suman a la ruptura del contrato social.

La CSI mantiene estrechas relaciones con las Federaciones Sindicales Globales y el Comité Asesor Sindical de la OCDE (TUAC). Trabaja en estrecha colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y con varios otros organismos especializados de las Naciones Unidas.

En ese sentido, la secretaria general, Sandra Borrpw dijo que “los derechos democráticos, la confianza y la rendición de cuentas son los componentes esenciales del nuevo modelo económico que el mundo necesita para recuperarse de la conmoción de la pandemia de la Covid-19”. 

Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de coronavirus como pandemia mundial en marzo de 2020, los sindicatos han participado activamente en las negociaciones para ofrecer apoyo a los trabajadores. Casi dos tercios de los países (63% o 60 países) afirmaron que los sindicatos de su país habían sido capaces de garantizar apoyo adicional para los trabajadores como parte de las respuestas del gobierno y de los empleadores a la pandemia del Covid-19. Este apoyo suele traducirse en disposiciones para proporcionar un nivel mínimo de protección social, en particular, bajas remuneradas por enfermedad, ayudas financieras y atención sanitaria.

La mayoría de los países (81% o 77 países) indicó que su gobierno está preparando un plan de recuperación económica como parte de su respuesta a la pandemia Covid-19. Sin embargo, el 19% (18 países) dijo que su gobierno no está preparando ningún plan de recuperación económica.

“Pese a los logros que esto supone para los trabajadores, la pandemia del coronavirus ha sacado a relucir las líneas divisorias de la brecha mundial que existe entre quienes disponen de una protección social universal, como prestaciones sanitarias y ayudas financieras, y quienes no”, dijo Sharan Burrow.

En muchos de los países más pobres los trabajadores y las trabajadoras, tanto del sector de la economía formal como informal, se enfrentan a la disyuntiva de quedarse confinados y que sus familias se mueran de hambre o intentar encontrar trabajo pese al enorme riesgo que el coronavirus supone para sus vidas y la comunidad. 

El Fondo de Protección Social Mundial necesitaría 37,800 millones de dólares durante los cinco primeros años para sufragar el déficit de financiación con vistas a alcanzar el Objetivos de Desarrollo Sostenible de 1.3 en los países de renta baja”, sostuvo la secretaria general.

De los 77 países que señalaron que su gobierno está preparando un plan de recuperación económica:

  • 64% (49 países) sí participa el sindicato en los planes de recuperación
  • 36% (28 países) no participa el sindicato en los planes 
  • 77% (59 países) afirmó que la creación de empleo forma parte de los planes
  • de recuperación económica
  • 23% (18 países) indicó que la creación de empleo no forma parte de dichos planes
  • 49% (38 países) afirmó que las medidas sobre el cambio climático y la transición justa forman parte de los planes de recuperación económica