Ley de Economía Digital genera incertidumbre entre las mipymes por costos y reglas pendientes

La nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos busca impulsar la adopción de medios de pago electrónicos y fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes); sin embargo, su implementación genera dudas entre los negocios, que todavía desconocen si estarán obligados a aceptar estos métodos y cuáles serán los costos asociados.

El Senado de la República aprobó la ley el 20 de octubre de 2026 y remitió la minuta al Ejecutivo federal para su promulgación. Aunque establece el marco para ampliar el uso de pagos digitales, los sectores y actividades en los que su aceptación será obligatoria dependerán de las disposiciones que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 15 días después de que las ley se publique en el Diario Oficial de la Federacion.

Enrique Magnani, estratega fiscal y patrimonial, explica que la legislación establece los motivos para impulsar esta transformación, pero deja aspectos de su aplicación sujetos a las reglas que emita Hacienda y a los comités sectoriales que se conformarán para cada segmento.

“La ley establece las razones por las cuales lo quieren hacer, pero todo lo remite a las reglas que emita la Secretaría de Hacienda y los comités sectoriales que se van a instituir para cada uno de estos segmentos”, señala.

Esto significa que los negocios deberán esperar a que se definan los sectores alcanzados, las condiciones y los plazos de implementación para conocer cómo les afectará la medida.

Entiendo yo la preocupación de los empresarios y me sumo”, afirma el especialista.

Pagos digitales: beneficios frente a costos de operación

La ley contempla beneficios potenciales para las mipymes, como facilitar su incorporación a la economía formal y generar un historial de operaciones que contribuya a mejorar su acceso al financiamiento; sin embargo, la adopción de estos medios también puede representar costos adicionales, particularmente para los pequeños negocios con márgenes de utilidad reducidos.

Uno de los principales puntos de preocupación son las comisiones por aceptar pagos con tarjeta mediante terminales bancarias, cuyos costos dependen del proveedor, el tipo de operación y las condiciones contratadas, pero van desde el 3% por transacción hasta 3,500 pesos al mes. De acuerdo con Enrique Magnani, estos cargos pueden representar una proporción significativa de los ingresos de los establecimientos pequeños.

Estamos hablando de gente a la que no es que le sobre; quitarles de su utilidad un 6 o 7% es significativo. Son pequeños empresarios que a lo mejor viven al día”, advierte.

Por ello, el especialista considera necesario evaluar cómo se aplicará la obligatoriedad de los pagos digitales y qué alternativas tendrán los negocios para evitar que los costos reduzcan su rentabilidad.

Recordemos que existen opciones de pago digital, como CoDi y Dimo, que permiten realizar transferencias electrónicas sin las comisiones propias de una transacción con tarjeta en una terminal. No obstante, su adopción también depende de que los comercios y consumidores conozcan estas herramientas y cuenten con los medios necesarios para utilizarlas.

Brecha digital e inclusión financiera

Otro de los objetivos de la ley es incorporar a poblaciones históricamente excluidas de la economía formal, reducir las barreras para participar en actividades económicas y ampliar la autonomía financiera de las personas.

Sin embargo, la digitalización no avanza al mismo ritmo en todo el país. Enrique Magnani advierte que todavía existen comunidades y negocios que carecen de conectividad, infraestructura o conocimientos para utilizar los medios de pago electrónicos.

La transición requiere más que establecer una obligación, desarrollar capacidades tecnológicas, capacitar a los comerciantes y facilitar que los consumidores utilicen estas herramientas.

“Hay que considerar que no todos los pueblos tienen las herramientas”, señala el especialista, al referirse a las limitaciones que todavía enfrenta parte de la población para incorporarse a la economía digital.

Formalización y obligaciones fiscales

La posible obligatoriedad de los pagos digitales también genera inquietudes sobre la relación entre la bancarización y el cumplimiento fiscal. Aunque la ley no establece que todos los negocios deban tener una cuenta bancaria, recibir determinados pagos electrónicos puede requerir una cuenta o un instrumento financiero, según el método utilizado.

Enrique Magnani advierte que algunos empresarios temen que la información de sus operaciones bancarias facilite la fiscalización de sus actividades, además de los costos asociados con la aceptación de pagos electrónicos.

No obstante, operar formalmente también puede abrir oportunidades para acceder a financiamiento, participar en programas de apoyo y establecer contratos con más proveedores.

El reto para la implementación de la ley será equilibrar la expansión de los pagos digitales con las condiciones reales de las mipymes, de manera que la transición no se convierta en una carga desproporcionada para los negocios con menos recursos.