Son muchas las carencias del campo mexicano. Miles son los mexicanos que año con año se ven obligados a emigrar a Estados Unidos a vender su mano de obra en la agricultura del país vecino. Una de las causas es el diseño actual de las políticas gubernamentales para el campo, con las que se ha beneficiado a las grandes empresas con intereses en el sector, en detrimento de los pequeños y medianos productores. El panista Erandi Bermúdez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en la Cámara de Diputados, impulsa la iniciativa de la Ley de Almacenamiento Rural, con la que confía se remedie en parte esta situación.

La Ley de Almacenamiento Rural contempla la creación del Sistema Nacional de Almacenamiento Agroalimentario, ente que estaría adscrito a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y que tendría las funciones de administrador de la red de silos construidos bajo este esquema, así como de la gestión de los inventarios, en beneficio de los pequeños y medianos productores.

El almacenaje de los granos es un punto neurálgico de su comercialización, explica el legislador. Los pequeños productores, al carecer de bodegas acondicionadas para el almacenamiento de sus cosechas, deben venderlas lo antes posible por el riesgo de perderlas ante el ataque de plagas. Es el intermediario quien se beneficia de esta situación, que, aprovechando la necesidad de los productores de vender, fija el precio de compra, que la mayoría de las veces está muy por debajo de los precios del mercado.

El Ingreso objetivo, tabulador que fija una tasa de venta  a los granos básicos, fue emitido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en el 2014, cuando el tipo de cambio era de 13 pesos por dólar. Para el maíz, se fijó un precio de 3,300 pesos por tonelada. La vigencia de este precio en el 2017 es un gran problema para el productor, que debe comprar semillas, fertilizantes y agroquímicos con un precio por dólar de casi 20 pesos, dado que 80% de estos insumos son importados. Ante esta realidad, el gobierno debe aportar un bono de compensación a los productores, que significa el 8% de sus ganancias, lo que representa entre 700 y 800 pesos por tonelada, se debe dar en cada ciclo agrícola.

Bajo la ley propuesta, los pequeños y medianos productores podrían construir bodegas en las que almacenarían sus granos. Bajo este esquema, ya no serán sólo los intermediarios quienes determinen el precio de compra, y los productores además estarían en condiciones de vender los granos en el momento en el que la demanda aumente, y por consecuencia, el precio de venta también. La iniciativa tiene también el objetivo de llevar un inventario de los granos, que posibilite al gobierno saber cuál es la producción nacional disponible, a la vez que contará con detalles sobre las especies de los granos y su calidad.

Los Almacenes Generales de Depósito fueron privatizados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y actualmente son administrados por la Secretaría de Economía. Los privados beneficiados por se agrupan en la Asociación de Almacenes Generales de Depósito. En el 2011, el entonces secretario de Economía, Bruno Ferrari, reactivó un proceso que inició Cofeco a mediados de diciembre del 2010 por prácticas de colusión y monopólicas contra quien resultara responsable en la cadena de maíz.

Las sospechas recayeron sobre Cargill México (Optimasa), Comaiz de Querétaro, Semillas Don Cristóbal de Jalisco, Grupo Grano (Sin) y Granos de Sinaloa, Minsa, Maseca, ADM, Tyson, General Mills, Molinos de México, por de prácticas de acaparamiento y de colusión que incidieron en los precios de la tortilla en ese año. La tonelada de maíz pasó de los 3,600 pesos a los 5,600 pesos. El argumento esgrimido por los intermediarios fue la afectación por desabasto en el mercado. Las autoridades afirmaron lo contrario, pero no había forma de saberlo con certeza, pues no se regulan los inventarios de los almacenes privados.

El Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) realizaron en el 2016 un diagnóstico sobre esta situación en México. Determinaron que en los estados de centro y el sur del territorio existe un déficit de silos para el almacenaje de granos. El Banco Mundial comprometió 100 millones de pesos para la construcción de silos en los estados de Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

El negocio de los intermediarios es comprar barato a los productores ante su necesidad de vender, y vender caro el producto en los meses en que la demanda sube debido a la baja de producción. Esto es posible gracias a que disponen de almacenes, que les posibilitan guardar los granos por tiempo indefinido, y esperar al mejor momento para venderlos.

La Ley de Almacenamiento Rural prevé que los productores deben estar constituidos en sociedades de producción rural para poder solicitar ante el Sistema Nacional de Almacenamiento Agroalimentario, ente de la Sagarpa y ya no de la Secretaría de Economía, para pedir los permisos para la construcción de los silos, y entonces acceder a los créditos de la banca de desarrollo y la privada, así como también, propone el diputado Erandi Bermúdez, al fondo comprometido por el Banco Mundial para este propósito. La condición de las sociedades de producción rural tiene como objetivo que sólo los productores tengan acceso a este sistema.

La iniciativa enfrenta la resistencia de lobbistas de los intermediarios en el Congreso, refiere Erandi Bermúdez. Los intermediarios controlan 80% del mercado de granos en México. Sobre sus inventarios no fiscalización de la autoridad. Se puede dar el caso de que para comprar a precios más bajos que el fijado en el tabulado de ingreso objetivo fijado por la Sagarpa, acudan a las importaciones, bajo el argumento de que la producción nacional no puede cubrir las necesidades del mercado nacional, ante la falta regulatoria de las autoridades.

El legislador calcula que de ser aprobada la ley, en un periodo de diez años los pequeños productores tendrán una participación del 10% del mercado de granos, porcentaje que –añade el diputado- no es una amenaza para las ganancias actuales de los intermediarios. En cambio, una medida así representaría, en opinión del panista, un acto de justicia para los productores del campo mexicano.

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