La deuda pública de México, en su medida más amplia, podría llegar hasta 69% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2030 bajo las políticas públicas actuales ante la transición demográfica que se vive, proyectó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Alejandra Macías, directora de investigación del CIEP, indicó en videoconferencia que esta proyección no es un pronóstico, por lo que se puede evitar llegar a ese nivel a través de cambios en las políticas públicas referentes a lo fiscal, social y económico.  Agregó que lo que más preocupa es la sostenibilidad fiscal.

“En los últimos años, la sostenibilidad fiscal se ha visto vulnerada de manera muy importante. Se está reduciendo el espacio fiscal. Son cosas que trascienden por mucho a esta administración y que tienen que ver con pasivos contingentes, una deuda que muchas veces no se reconoce, pero que se ha ido comiendo nuestro espacio fiscal”, dijo por su parte Héctor Villarreal, director general del CIEP.

Comentó que si bien hacer una reforma fiscal que sume uno o dos puntos del PIB en recaudación daría un respiro a las finanzas, a estas alturas ya es insuficiente.

“Sería una enorme tragedia hacer una reforma tributaria, ampliar el espacio fiscal en 2 por ciento del PIB, y que el gasto federal en pensiones se lo comiera todo”, expuso.

Agregó que la situación de los últimos dos años, en donde se registraron contracciones consecutivas del PIB, tampoco ayuda al panorama del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia de la deuda. En este sentido, apuntó que la solución va más allá de una reforma fiscal, ya que se necesita un nuevo sistema tributario.

Al cierre del 2020, el SHRFSP se ubicó en un nivel de 52.2% del Producto Interno Bruto (PIB), el mayor del que se tenga registro, para un año. Esto equivale a 12.08 billones de pesos.

Transición demográfica

Las proyecciones de la deuda en los siguientes años se dan ante la transición demográfica por la cual está pasando México, explicó Alejandro Cantú, investigador asociado del CIEP, en donde poco a poco hay más personas adultas mayores y menos en edad laboral.

Lo anterior, añadió, supondrá un menor pago de impuestos, mientras que en el lado del gasto se tendrán que destinar mayores recursos a las pensiones y a la salud.

“En el 2029 tendremos un punto de inflexión en donde, dada la composición demográfica, vamos a empezar a gastar más en pensiones, en salud, en educación, que lo que esperaríamos recaudar por impuestos al consumo, al ingreso entre otros”, apuntó Ricardo Cantú.

Además, señaló que existe una inequidad de género que también afecta la sostenibilidad fiscal. Esto es que la participación laboral de las mujeres, así como el salario, son menores a la tasa de participación y sueldos que reciben los hombres.

“Esto hace que, a nivel fiscal, los hombres aporten relativamente más que las mujeres y es una situación que pudiera afectar la sostenibilidad fiscal”.

ana.martinez@eleconomista.mx