“Nos consultaron para la ley de ciencia, pero no incorporaron nuestras opiniones”: ADIAT

La Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT), el principal organismo empresarial que se encarga de la construcción de puentes entre la industria y el sector de ciencia, tecnología e innovación (CTI), se “opone rotundamente” a que se apruebe en el Congreso de la Unión el proyecto de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y turnado por el titular del Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados el pasado 13 de diciembre.

El doctor Guillermo Aguirre Esponda, presidente de la ADIAT, revela que, a pesar de que hubo una consulta organizada por el Conacyt, de la que ADIAT formó parte, en el documento final no se consideraron “ninguna de las sugerencias emitidas por esta asociación y por expertos de las principales instituciones académicas, científicas y tecnológicas del país”, que participan en el nuevo Foro Consultivo del Conacyt.

Explica que fueron varios grupos de trabajo en la materia, mismos que invirtieron muchas semanas de reflexiones y análisis; sin embargo, la propuesta presentada en el Legislativo no corresponde a lo trabajado durante este tiempo.

Una iniciativa ambigua y anticonstitucional

A juicio de la ADIAT, la iniciativa además de ambigua es anticonstitucional al decir que “todas las personas tienen un derecho a la ciencia” sin exponer alcances ni resultados tangibles.

Desde su perspectiva “es imperante que una ley como esta se modernice y se generen nuevos mecanismos y poderes. Pero ¿qué objetivo tiene que sea el Estado quien defina las líneas que deben seguir las investigaciones? ¿dónde queda la libertad de investigación? ¿hacia dónde avanzará México con esta nueva manera de hacer ciencia? ¿cuál es el presupuesto asignado para tal fin?”, se pregunta el organismo consultor del Conacyt.

Expresa que “de aprobarse, la iniciativa someterá todas las decisiones a un Consejo General y a un nuevo Conacyt subordinados al titular del Ejecutivo, desapareciendo los órganos consultivos y las comisiones revisoras”.  Consideran que esta propuesta “podría desmantelar todos los órganos y mecanismos de gobernanza de nuestro Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), al ser sometidos a un nuevo ente sin contrapesos, en el cual todas las opiniones contrarias a la ideología de la actual administración serán desvirtuadas, silenciadas o no tomadas en cuenta”.

Además manifiestan su preocupación de eliminar la meta de asignar a la CTI el 1% del Producto Interno Bruto, “dejándonos fuera de las recomendaciones de la OCDE para ser competitivos”, por ello la ADIAT es que se sumó al exhorto de otras instituciones para “abrir la conversación y generar un diálogo constructivo en el que todas las partes interesadas intervengan por el bien de México”.

Sin diálogo ni consenso

Recordemos que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, como una asociación civil, fue desmantelado a pesar de que desde el 2002 de acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología aún vigente, nombraba a esta institución como un órgano autónomo de consulta permanente del Poder Ejecutivo federal, del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI) y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El artículo 22 del Estatuto Orgánico del Conacyt establecía que “...para la materialización de sus actos, el Foro se constituirá en una asociación civil...”. Así fue hasta el 11 de diciembre de 2019, cuando fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la modificación al Estatuto promovido por el Conacyt actual, con ello se dio paso al nuevo Foro Consultivo.

De acuerdo con las bases de integración, funcionamiento y organización de este nuevo Foro Consultivo creado por Conacyt, en su capítulo II, artículo 11, explican cómo se integra la mesa directiva. Se trata de los titulares de instituciones como la Academia Mexicana de Ciencias, A.C.; la Academia Mexicana de Ingeniería, A.C.; la Academia Nacional de Medicina, y la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, A.C. (ADIAT), entre otras.

Cabe destacar que las instituciones antes mencionadas y que fueron consultadas para la elaboración de la pretendida nueva ley, que determinará el futuro de la política científica mexicana en los próximos años, ya se han manifestado públicamente a través de comunicados en contra de la propuesta impulsada desde el Conacyt y respaldada por la Presidencia de la República.

Incluso la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología A.C., quienes también forman parte de este nuevo Foro Consultivo, presentaron una propuesta alterna de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación ante el Congreso de la Unión, dicho proyecto no empata con el presentado por el titular del Ejecutivo federal

De acuerdo con la nueva Ley Orgánica de Conacyt, el Foro es un órgano colegiado interno del Consejo y su objetivo es promover la expresión de la comunidad científica, académica y tecnológica, así como de los sectores social, privado, productivo y de servicios, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Sin embargo, su participación nuevamente se invalida, pues aunque se dice que es autónomo respecto de sus propuestas, sugerencias y opiniones, el artículo 36 de esta Ley también asegura que deben ceñirse a las reglas de aplicación general a los órganos públicos, que no tiene personalidad jurídica, e incluso es el propio Conacyt en todo caso el que puede representarlo, esto anula por completo en los hechos la voz de sus integrantes, lo que podría concluir en una simulación.

nelly.toche@eleconomista.mx