México regula la inteligencia artificial por sectores mientras aplaza la ley general

México llegó al segundo semestre de 2026 sin una ley general de inteligencia artificial. La comisión especializada del Senado informó el 21 de abril que estaba en condiciones de presentar una iniciativa y el 30 de abril anunció que preparaba un marco normativo acompañado de un plan nacional. El periodo ordinario concluyó esa misma semana sin que el proyecto integral llegara al pleno, por lo que todavía carece de una votación en el Congreso y de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

“En México vamos a tener una ley de inteligencia artificial”, dijo en entrevista Sofía Pérez Gasqué, directora general de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI).

El marco mencionado por la representante de la industria de software en México permanece en preparación. Durante su espera, las obligaciones federales se han extendido por medio de reformas dirigidas a actividades concretas, desde la clonación de la voz y la imagen de artistas hasta los algoritmos utilizados para administrar el trabajo en plataformas digitales.

El Congreso acumula proyectos

El punto de partida de la comisión del Senado es un documento de trabajo publicado en julio de 2025 que propone una Ley General para Regular y Fomentar la Inteligencia Artificial en México. Antes de expedirla, el Congreso tendría que reformar los artículos 3 y 73 de la Constitución. El cambio al artículo 73 le daría una facultad expresa para legislar en la materia y distribuir atribuciones entre la Federación y las entidades federativas. El estudio calcula que después sería necesario armonizar 17 ordenamientos.

El proyecto adopta una clasificación por riesgo. La manipulación cognitiva y la calificación social quedarían entre los usos prohibidos. Los sistemas considerados de alto riesgo estarían sujetos a controles reforzados, mientras que las aplicaciones de riesgo limitado tendrían obligaciones de transparencia. La categoría de impacto mínimo continuaría bajo las reglas generales aplicables a cada actividad. Todo ese diseño permanece en una propuesta que todavía debe convertirse en iniciativa.

Mientras la comisión elaboraba ese marco, la senadora morenista Karina Isabel Ruiz Ruiz presentó el 11 de febrero de 2026 un proyecto separado para expedir la Ley Nacional para Regular el Uso de la Inteligencia Artificial. La iniciativa abarca al sector público y al privado, crea una Agencia Nacional de Inteligencia Artificial y coloca bajo su coordinación un sistema nacional. Su artículo 43 permite imponer multas proporcionales a los efectos de la infracción y al beneficio obtenido.

El proyecto de Ruiz Ruiz también encarga a la nueva agencia la clasificación de los sistemas y la expedición de criterios para evaluar su impacto. Esa estructura difiere de la propuesta de la comisión especial, que parte de una reforma constitucional y reparte facultades entre órdenes de gobierno. La iniciativa fue turnada a comisiones y no ha sido aprobada.

La dispersión continuó el 10 de marzo con otra iniciativa sobre contenido generado mediante IA. El 29 de abril llegó una reforma laboral destinada a regular el uso de estas herramientas en los centros de trabajo. Un día después, la comisión especial anunció el marco general que aún no se presenta ante el pleno.

Para Jorge Alberto Hidalgo Toledo, coordinador del Laboratorio de Comunicación Humana y No Humana de la Universidad Anáhuac, esa secuencia muestra que la regulación mexicana se ha concentrado en responder a problemas determinados.

“Pareciera que la regulación que vemos en nuestro país está más pensada en términos de atender de manera reactiva el tema. Les preocupan las noticias falsas por el tema político y los intereses de ciertos sectores en materia de derechos de autor, de protección de contenidos”, dijo.

El académico advirtió que la falta de un marco común puede conducir a reglas insuficientes o a controles que detengan el desarrollo de la tecnología.

“En México vemos que podría caerse en la desregulación ingenua, pensando que estos actores van a actuar de buena voluntad, o irnos a la sobrerregulación paralizante”, dijo.

Como alternativa, Hidalgo propuso que las autoridades y las empresas compartan la elaboración de estándares.

“Yo te diría un tercer modelo, que creo que es el que finalmente se está moviendo desde la base, que es el tema de la corregulación”, explicó.

Las conversaciones legislativas también han incluido a desarrolladores. Cristian Sandoval, fundador y director de Tecnología de GandIA, aseguró que la empresa intervino en la discusión. “Participamos activamente en la ley de inteligencia artificial, con seis artículos que fueron tomados de forma general por todas las bancadas. Nos invitaron a participar en esos diálogos”, dijo.

Después del cierre del periodo legislativo, la presidenta Claudia Sheinbaum incorporó el tema a la agenda del Ejecutivo. El 17 de junio reconoció que México carecía de una ley específica y respaldó la creación de reglas para esta tecnología. “Sí tiene que haber regulación”, afirmó. El 6 de julio anunció que su gobierno abriría un debate sobre el control y el desarrollo de la IA.

La Presidencia precisó el 20 de julio que los foros regionales se celebrarán entre el 19 de agosto y el 17 de septiembre. La consulta estará dedicada al uso de la inteligencia artificial y de las plataformas digitales por menores de edad. Sus conclusiones serán entregadas al Congreso como una propuesta distinta del proyecto general elaborado por la comisión del Senado. La industria busca que ese proceso desemboque en una norma aplicable a los usos de la tecnología.

“Lo que estamos trabajando desde la industria es que sea una ley que pueda mitigar cualquier uso incorrecto y no ético de la tecnología y que no regule la tecnología per se”, dijo Pérez Gasqué.

La autoridad encargada de aplicar el futuro marco tampoco está definida. La iniciativa de Ruiz Ruiz propone una agencia especializada, aunque la política digital federal ya corresponde a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Las facultades de protección de datos personales en posesión de particulares fueron transferidas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno después de la desaparición del INAI. La institución responsable dependerá del proyecto que consiga avanzar en el Congreso.

Las obligaciones ya vigentes

La regla federal más reciente fue publicada el 14 de mayo en el Diario Oficial. El decreto modificó la Ley Federal del Derecho de Autor para extender la protección de la imagen y la voz frente a resultados generados mediante IA. También reconoció a los artistas intérpretes o ejecutantes la facultad de oponerse a la suplantación de sus interpretaciones.

El nuevo artículo 121 exige un acuerdo previo y escrito cuando la clonación produzca una copia identificable de una interpretación o simule la voz de un artista. La reforma añadió el artículo 305 Bis a la Ley Federal del Trabajo, que obliga a precisar en el contrato las condiciones de uso de la imagen o la voz mediante IA y la remuneración correspondiente. Ante una duda contractual, debe prevalecer la interpretación más favorable para el artista.

Esa reforma legislativa llegó después de que la Suprema Corte delimitara la autoría de las imágenes producidas con estas herramientas. En el amparo directo 6/2025, la Segunda Sala confirmó la negativa de registro para un avatar generado con Leonardo AI. La sentencia resolvió que la autoría protegida por el artículo 12 de la Ley Federal del Derecho de Autor debe corresponder a una persona física. El fallo mantuvo el requisito de creación humana para el registro solicitado en ese caso.

Otra obligación algorítmica precede a la discusión de la ley general. La reforma laboral sobre plataformas digitales fue publicada el 24 de diciembre de 2024 y su artículo 291-J exige que las reglas utilizadas para asignar tareas sean transparentes y conocidas por las personas trabajadoras. La empresa debe entregar un documento escrito en lenguaje sencillo que explique los elementos del algoritmo capaces de afectar la relación laboral.

La política algorítmica forma parte del contrato y debe informar cómo inciden las calificaciones de terceros en la asignación del trabajo. Cualquier modificación tiene que comunicarse de inmediato y ser aceptada por la persona trabajadora. La ley también exige que el algoritmo sea razonable y prohíbe que provoque discriminación.

Las empresas que alimentan o ejecutan modelos con información de una persona identificada o identificable ya están sujetas a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El responsable debe establecer la finalidad del tratamiento y comunicarla mediante el aviso de privacidad. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puede tramitar solicitudes de protección e iniciar verificaciones, aunque el ordenamiento vigente carece de una auditoría algorítmica general.

En ausencia de esa revisión obligatoria, los controles sobre las respuestas de un modelo dependen en parte de las políticas internas de cada proveedor. GandIA integra modelos de empresas extranjeras y proyectos de código abierto para producir contenido. Sandoval explicó que la compañía comienza con restricciones amplias y modifica los filtros conforme observa el funcionamiento de la plataforma.

“Tenemos que partir de protecciones muy altas, tal vez al inicio exageradas, e ir soltando ligeramente conforme nos vayamos sintiendo confiados”, dijo.

El directivo relacionó esa política con el riesgo de que una regulación nacional coloque mayores cargas sobre las empresas mexicanas que sobre los servicios desarrollados fuera del país.

“Con los modelos open source y las diferentes empresas en el mundo es muy difícil regular. Si tú regulas, lo único que vas a hacer es frenar el desarrollo tecnológico del país y van a tener mucha más libertad las empresas extranjeras a la hora de ofrecer servicios”, dijo.

Las reglas llegan desde otros mercados

Las compañías mexicanas que ofrecen sistemas en el extranjero también tendrán que cumplir normas adoptadas fuera del país. El artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea comenzará a aplicarse el 2 de agosto. Los proveedores deberán incorporar marcas legibles por máquinas que permitan detectar contenido generado o manipulado mediante IA. Quienes utilicen los sistemas deberán identificar las ultrafalsificaciones y los textos sobre asuntos de interés público publicados sin revisión humana o control editorial.

Los sistemas colocados en el mercado europeo antes del 2 de agosto tendrán hasta el 2 de diciembre para cumplir la obligación de marcado y detección. Esa transición limitada alcanza a empresas mexicanas cuando actúan como proveedoras o responsables del despliegue dentro de la Unión Europea.

Estados Unidos sigue una ruta federal diferente. La orden ejecutiva 14409, firmada el 2 de junio, ordenó crear un esquema voluntario para que los desarrolladores permitan al gobierno evaluar determinados modelos de frontera antes de su lanzamiento. El documento excluye la creación de licencias obligatorias o permisos previos para desarrollar y publicar esos modelos. También concentra la intervención federal en su uso para la ciberdefensa y la protección de infraestructura crítica.

Esa diferencia regulatoria todavía se discute fuera del T-MEC. “Esta negociación se ha llevado aparte del T-MEC porque no hay nada de inteligencia artificial dentro del T-MEC”, dijo Pérez Gasqué. El tratado contiene disposiciones de comercio digital en su capítulo 19 y entró en vigor el 1 de julio de 2020, aunque carece de un apartado dedicado a la regulación general de la IA.

La primera revisión conjunta del acuerdo se realizó el 1 de julio de 2026. Estados Unidos rechazó extenderlo en su forma actual y abrió una negociación bilateral con México. El T-MEC permanece vigente mientras continúan las conversaciones. Los comunicados oficiales publicados hasta el 23 de julio mencionan las cadenas de suministro y la compatibilidad regulatoria sin anunciar una propuesta para incorporar un capítulo específico sobre inteligencia artificial.

El siguiente periodo ordinario del Congreso comenzará el 1 de septiembre. Para que el documento de la comisión se convierta en ley general debe presentarse como iniciativa y obtener la aprobación de ambas cámaras. La reforma constitucional propuesta también requeriría el voto de las legislaturas estatales conforme al artículo 135. Mientras ese procedimiento siga pendiente, la regulación federal de la inteligencia artificial continuará distribuida entre las normas sectoriales que ya entraron en vigor.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx