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El 0.17% de los proveedores concentra la mitad del gasto público adjudicado en México
El gasto público adjudicado en México se concentra en 500 proveedores que retienen la mitad del presupuesto registrado en CompraNet, dentro de un sistema con barreras para las pymes y expedientes incompletos.
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Sólo 500 proveedores concentran 50% del presupuesto público adjudicado en México, aunque representan apenas 0.17% de las 286,669 empresas registradas en CompraNet, de acuerdo con Sergio Arturo Bárcena Juárez, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, que analizó registros históricos de contratación pública entre 2010 y 2024 y encontró un mercado gubernamental altamente concentrado, con barreras de entrada para pymes, expedientes incompletos y decisiones críticas que se toman antes de que una licitación llegue a la etapa pública.
El estudio fue presentado en el Campus Santa Fe del Tecnológico de Monterrey, durante el lanzamiento de SmartLicit, una plataforma tecnológica que busca ordenar licitaciones, precios, expedientes y trabajo legal mediante inteligencia artificial supervisada por personas. La investigación ubica el principal problema en una zona previa a la firma del contrato, donde las instituciones definen qué compran, cómo estiman precios de referencia y bajo qué condiciones permiten competir a los proveedores.
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La concentración se vuelve más pronunciada en la parte alta del mercado. Apenas 100 proveedores, equivalentes a 0.03% del total registrado, retienen 30.8% de los montos contratados por el gobierno. Las 500 empresas principales concentran 288 veces más dinero del que les correspondería bajo una distribución proporcional equitativa, de acuerdo con la investigación de Bárcena.
CompraNet es el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, según la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En la práctica, esa plataforma funciona como una de las principales puertas de entrada para seguir el uso de recursos públicos federales, aunque organizaciones especializadas advierten que los datos publicados no siempre permiten reconstruir con facilidad la competencia, la planeación y la ejecución de las compras.
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El problema no se limita a quién gana los contratos. También aparece en la forma en que se registra y procesa la información. La investigación detectó 349,557 contratos en la base histórica de CompraNet con la descripción “sin dato”, 5,340 sin proveedor identificado, 5,182 sin monto verificable y 1,473 con monto cero. En los programas anuales de ComprasMX consultados entre 2021 y 2024, que suman 64,061 procedimientos planeados, 99.94% omitió el monto estimado de la compra.
Cuello de botella
La fotografía de 2023 muestra otra distorsión. La Administración Pública Federal registró 325,352 contratos. Las adjudicaciones directas representaron 81% del volumen de contratos y 37% del monto. Las licitaciones públicas fueron 14% de los contratos, aunque concentraron casi 60% del dinero. En promedio, una licitación pública fue 9.4 veces mayor en monto que una adjudicación directa.
Este patrón coincide con diagnósticos externos sobre la contratación pública. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportó que en 2023 cerca de 80% de los contratos se realizó por adjudicación directa, mientras que las licitaciones públicas representaron alrededor de 12% del número de procedimientos. El IMCO también ha documentado problemas de competencia y opacidad en las compras públicas federales, con análisis sobre miles de procesos registrados en CompraNet.
Participar en una licitación puede exigir propuestas físicas de 500 a 600 hojas, con un costo técnico histórico de 250 pesos por hoja, además de bases públicas que van de 800 a 8,000 pesos para contratos superiores a 20 millones de pesos. A eso se suman ventanas comprimidas para comprar bases, preparar aclaraciones y entregar documentación. Una empresa pequeña puede quedar fuera antes siquiera de competir por falta de estructura administrativa, capacidad legal o tiempo para armar el expediente.
La investigación también identifica descalificaciones por detalles formales, como firmar con tinta negra cuando las bases pedían tinta azul. En términos laborales, un procedimiento ordinario puede consumir al menos cinco personas durante tres semanas. En sectores complejos, como la salud, se reportan hasta 100 personas trabajando durante dos semanas para cerrar una sola compra, con jornadas de 13 a 14 horas.
IA para expedientes
SmartLicit se presenta como una infraestructura de competitividad, organizada en tres familias. Smart está dirigida a proveedores, pymes, emprendedores, despachos y abogados independientes. Gov atiende a instituciones públicas con módulos para estudios de mercado, expedientes y soporte documental. Enterprise se enfoca en compradores corporativos que gestionan RFQ, RFP, concursos privados, proveedores y cumplimiento legal.
La capa eFile ordena la documentación, las vigencias, evidencia y trazabilidad. La inteligencia artificial asiste en lectura, clasificación, alertas, cálculos, matrices y borradores. La empresa afirma que la inteligencia artificial no decide, no firma, no adjudica, no sustituye la responsabilidad pública ni reemplaza la asesoría legal o fiscal definitiva.