La última batalla de Xóchitl

A 30 meses de su derrota en las urnas, la excandidata presidencia de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, nuevamente enfrenta al claudismo. Ahora, en un juzgado civil de la Ciudad de México.

Hace nueve meses Carlos Imaz Gispert presentó una demanda contra Gálvez, quien durante el segundo debate presidencial –abril del 2024-- mostró un fotograma del video grabado por el empresario argentino Carlos Ahumada Kuntz, en el que entrega dinero en efectivo al entonces delegado político en Tlalpan.

“Yo solo emití una opinión”, sostiene la también exalcaldesa de Miguel Hidalgo, acusada por haber afectado la imagen, reputación y honor del político, activista y académico izquierdista, quien se queja de un intento de censura y llamó a defender la libertad de expresión.

“Atendiendo a su perfil público, a su profesión y actividad comercial, es indispensable mantener su honor y su reputación de manera decorosa”, dice el escrito de la demanda admitida por el Poder Judicial de la Ciudad de México, “(ya que) precisamente su buena reputación es necesaria e indispensable para poder ejercer su actividad profesional.

“En aquella ocasión me pronuncié sobre hechos de conocimiento público, sobre un hecho ampliamente documentado”, reviró la política hidalguense cuando hizo público —el 25 de febrero, en su colaboración habitual para El Universal— la reclamación en su contra, “mis expresiones se dieron en el marco de un debate que forma parte de la vida democrática y el ciclo electoral. Sin libertad de expresión, no hay democracia”.

Fiel a su estilo, Xóchitl mostró suspicacias sobre las motivaciones de la demanda. “Desconozco Carlos Ímaz si regresará a la política activa después de dos décadas en el congelador. No sé si su mayor aspiración a visibilidad política sea un pleito jurídico para acallar la libertad de expresión”.

Fue la última vez que se refirió públicamente al exdelegado perredista por su nombre. Desde entonces, lo llama “el exde Claudia”. El pasado 7 de agosto, la excandidata presidencial acudió por primera vez —acompañada por su abogado, Francisco Vázquez— a la Ciudad Judicial, para atender la audiencia de conciliación. La parte demandante no se apersonó. “Soy mujer de instituciones y acudí porque creo en el dialogo”, dijo.

Agotado ese trámite, el juez citaría a una audiencia para desahogar pruebas, tres meses después. Ímaz Gispert acreditó a sus representantes legales, porque está fuera de la ciudad (actualmente radica en el estado vecino de Morelos y ayer no pudo acudir a los juzgados, porque se encuentra en Madrid).

Gálvez está cierta de que si pierde, deberá indemnizar y ofrecer una disculpa pública. Además de contestar las preguntas formuladas por los abogados del demandante, la exlegisladora tuvo que responder los requerimientos de los trabajadores sociales sobre sus bienes e ingresos. No obstante, también se niega a un acuerdo reparatorio.

Efectos secundarios

APUESTAS. Baja California es el estado con menor pobreza (9.9%) y menor pobreza extrema (0.4%) del país. A punto de presentar su quinto informe de gobierno, la gobernadora Marina del Pilar Ávila puede rendir buenas cuentas en materia económica. La administración estatal reporta más de 61,000 millones de pesos de inversión pública acumulada entre 2022 y 2026, concentrada en movilidad y agua, los dos cuellos de botella que más pesan sobre la competitividad de la frontera. El Viaducto Elevado de Tijuana, la modernización del Acueducto Río Colorado-Tijuana y las desaladoras de Rosarito y San Quintín son, en rigor, infraestructura productiva: sin agua garantizada y sin logística eficiente, el ciclo de inversión industrial del norte tiene techo. El reto para el último año de gestión será convertir esa obra en capacidad instalada y no en pendientes heredados.