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TFJA inhabilita hasta por 10 años a exfuncionarios del Banco Bienestar y el fisco
La SABG informó que las investigaciones en ambas dependencias permitieron acreditar faltas administrativas graves cometidas por los cuatro exservidores públicos y que las sanciones económicas impuestas oscilan entre 25,000 y 250,000 pesos.
Juan D., Orlando P. y Marco M., exsubjefe de área, exauxiliar de sucursal y exasistente administrativo del Banco del Bienestar (Banbien), respectivamente, así como Víctor R., exsubadministrador de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), fueron inhabilitados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) hasta por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y sancionados económicamente.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que las investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control (OIC) en ambas dependencias permitieron acreditar faltas administrativas graves cometidas por los cuatro exservidores públicos y que las sanciones económicas impuestas oscilan entre 25,000 y 250,000 pesos.
"En el SAT, el OIC investigó a una persona servidora pública por la asignación irregular de citas para trámites utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución.
"En Banbien, el Órgano Interno de Control acreditó irregularidades cometidas por tres personas servidoras públicas. En dos casos, estas estuvieron relacionadas con el retiro de recursos de cuentas bancarias sin consentimiento de las personas cuentahabientes, por un monto superior a 275,000 pesos; y, en otro, con la realización de conciliaciones con información no verídica", cita el comunicado de prensa emitido.
A Víctor R., exsubadministrador del SAT, se le impuso una inhabilitación por 1 año para desempeñarse en el servicio público, mientras que a Juan D., Orlando P. y Marco M., del Banbien, por diez años y aplicó la sanción económica correspondiente en cada caso.
La SABG aclaró que los exfuncionarios sancionados tienen derecho "a impugnar" la decisión, pero que si lo hacen "esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron investigados los casos: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo el interés público".
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