Lectura 3:00 min
Suprema Corte valida las causales del juicio amparo
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, que establecen las causales en que el juicio de amparo es improcedente y cuando procede el sobreseimiento en el juicio, respectivamente, son constitucionales.
Descripción automática
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, que establecen las causales en que el juicio de amparo es improcedente y cuando procede el sobreseimiento en el juicio, respectivamente, son constitucionales.
De acuerdo con la sentencia del amparo en revisión 289/2026, propuesta por Hugo Aguilar Ortiz, presidente del máximo tribunal constitucional, y aprobada por unanimidad, las causales de improcedencia y sobreseimiento establecidas en los artículos referidos, no trastocan el derecho a un recurso judicial efectivo.
“Así, contrario a lo que sostiene el recurrente, el hecho de que la Ley de Amparo establezca la posibilidad de que el órgano jurisdiccional de amparo actualice de oficio y sin un límite temporal una causal de improcedencia no transgrede el principio de seguridad jurídica, ya que ello se justifica por el orden público que les reviste, lo que tiende a asegurar el correcto funcionamiento y eficacia del juicio de amparo para proteger la Constitución y los derechos humanos”, consigna el fallo.
Bajo la ponencia de Aguilar Ortiz, se determinó que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Ciudad de México, “deberá analizar, en el caso concreto, si se actualiza o no la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la propia ley, ya que ello constituye el análisis de legalidad que le compete”.
Los motivos
El asunto resuelto por la Corte se originó porque una persona promovió un juicio de amparo indirecto en contra de una boleta de infracción de tránsito y su cobro, e inconforme con la decisión del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México que sobreseyó en el juicio por considerar que, previo al juicio de amparo, el quejoso debía promover un juicio de nulidad, presentó un recurso de revisión y el Tribunal Colegiado que conoció del asunto se declaró incompetente y lo remitió a la SCJN para resolver el tema de constitucionalidad y convencionalidad planteado.
La Corte determinó que “son infundados los agravios relacionados con el planteamiento de constitucionalidad y convencionalidad de la Ley de Amparo”, aducidos por el quejoso, luego de que Aguilar Ortiz decidió asumir la competencia del máximo tribunal al subsistir un tema de constitucionalidad respecto del cual no se había emitido jurisprudencia.