Sindicatos piden más recursos para universidades

Organizaciones sindicales y de trabajadores del sector universitario y de educación media superior de al menos 10 estados del país advirtieron sobre la crítica situación financiera que enfrenta la educación superior pública en México, derivada —señalaron— de recortes presupuestales y de una asignación insuficiente de recursos que amenaza la estabilidad institucional, la calidad académica y el desarrollo futuro de las universidades públicas.

En un pronunciamiento unitario, las organizaciones informaron que enviaron una comunicación formal a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y a autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que alertan que la política presupuestal vigente profundiza el deterioro de las universidades públicas y de las instituciones de educación media superior.

Las y los trabajadores universitarios señalaron que, de mantenerse los actuales topes salariales y sin la asignación de recursos extraordinarios irreductibles en el Presupuesto de Egresos, miles de trabajadores administrativos y académicos podrían percibir ingresos por debajo del Salario Mínimo General.

Ante este escenario, las organizaciones, entre las que se encuentran la Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras, exigieron garantizar que ningún salario universitario se ubique por debajo del Salario Mínimo General mediante un ajuste inmediato de los tabuladores.

También, llamaron a la creación de un Salario Mínimo Contractual y un Salario Mínimo Profesional que reconozcan la formación, experiencia y especialización del personal universitario; establecer un Programa Nacional de Recuperación Salarial con incrementos reales y progresivos para recuperar el poder adquisitivo perdido, y asegurar una inversión estratégica y sostenida en la educación superior pública, concebida como una apuesta al desarrollo científico, tecnológico y social del país.

Los firmantes advirtieron que, sin una acción presupuestal responsable e inmediata, la educación superior pública quedará relegada a una lógica de mera subsistencia, con afectaciones para millones de estudiantes y para el futuro del país.