Sabor latino: la batalla de Brasil, México y Colombia contra los alimentos ultraprocesados

El famoso “Tigre Toño”, el personaje animado de las Zucaritas de Kellogg’s, fue desterrado de los supermercados mexicanos hace cinco años, pero en Brasil goza de cabal salud, y en Colombia se cuela incluso hasta el comedor del nuevo presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Los consumidores en México pueden ver las cajas del cereal tan solo con arañazos provocados por las garras de un tigre que ya desapareció. En Brasil, el personaje aparece más guapo que nunca en la caja de Sucrilhos (Zucaritas en portugués), y en Colombia, el felino se muestra no solo jugando futbol, sino posando con la familia de De la Espriella –a quien le apodan “el tigre”-- en un post de X lanzado por el candidato presidencial el mes pasado, justo el día de la elección.

Los tres países han avanzado en los últimos años en adoptar mayores regulaciones para los alimentos ultraprocesados: esto se refleja en las distintas advertencias nutricionales que aparecen en los empaques de productos de una misma empresa según el país, así como en las restricciones sobre el uso de celebridades o personajes animados dirigidos a la infancia—una práctica que todavía no está prohibida por la ley en Brasil y Colombia.

Una investigación global coordinada por Lighthouse Reports, en la que participaron Quinto Elemento Lab, las brasileñas Agência Pública y O Joio e O Trigo y la colombiana Cuestión Pública, puso al descubierto una operación sistemática de la industria para intentar frenar leyes y bloquear regulaciones.

De las 239 demandas judiciales que en los últimos 15 años ha entablado el sector en seis de sus principales mercados (Estados Unidos, Reino Unido, India, Brasil, México y Colombia) para revocar o modificar leyes y normas, 193 se presentaron en tribunales mexicanos, en Colombia fueron 18 y en Brasil 17, lo que significa que el 95 por ciento de los litigios a escala mundial ocurrieron en estas naciones latinoamericanas.

“América Latina ha sido un líder mundial en la adopción de algunas de las primeras y más sólidas políticas para regular los alimentos ultraprocesados, lo que la convierte en un campo propicio tanto para innovar en políticas de salud pública como para la resistencia por parte de la industria”, dijo Katherine Shats, especialista legal de la Sección de Nutrición y Desarrollo Infantil de UNICEF.

De los casos presentados por firmas privadas en los que el demandante era identificable, más de un tercio fue impulsado por solo nueve compañías, incluidas empresas vinculadas con Coca-Cola, PepsiCo, Kellogg’s y Mars (Mars es propietario de la operación de Kellogg’s en México).

La mayoría de las demandas documentadas en México fueron promovidas directamente por compañías como FEMSA (embotelladora de Coca-Cola), Ferrero, Mondelez, Danone y fabricantes de productos de Pepsi. A diferencia de México, en Brasil los litigios contra las regulaciones a los alimentos ultraprocesados no son promovidos directamente por las empresas, sino por grupos empresariales.

De los 17 casos identificados ante el Supremo Tribunal Federal brasileño, 16 fueron presentados por asociaciones empresariales —algunas del sector alimentario y otras del sector de la radiodifusión— interesadas en las reglas sobre publicidad en el país.

La estrategia de mantener a las marcas fuera de los tribunales sigue el ejemplo de Estados Unidos, donde las demandas son presentadas por cámaras empresariales. Sin embargo, 12 de estos casos se refieren a la misma disputa: la norma RDC 24.

Durante 16 años, esa norma brasileña creada para exigir advertencias sanitarias en anuncios de alimentos con alto contenido de azúcar, grasa y sodio ha permanecido paralizada en los tribunales. La resolución, aprobada en 2010 por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), nunca llegó a entrar en vigor. Su trayectoria se ha convertido en un ejemplo de cómo los sectores empresariales pueden retrasar y desactivar regulaciones de salud pública incluso antes de que sean resueltas definitivamente.

La primera propuesta de Anvisa, sometida a consulta pública en 2006, estaba orientada principalmente a proteger a niños y adolescentes, considerados especialmente vulnerables a las estrategias de marketing. El texto original incluía advertencias sanitarias, restricciones a mensajes engañosos y límites a la publicidad dirigida al público infantil, incluida la prohibición de anuncios de televisión entre las 6:00 y las 21:00.

La propuesta original también prohibía promociones en escuelas y limitaba el uso de personajes, obsequios, descuentos y asociaciones con eventos culturales, deportivos o sociales. Con el tiempo, sin embargo, la medida fue reducida de forma gradual.

Las entidades de la industria alimentaria, de bebidas, de publicidad y de comunicación actuaron para limitar el alcance de la norma, y la propuesta fue desdibujándose de manera gradual. Finalmente, en 2010 fue aprobada en una versión mucho más limitada, que dejó de lado una parte importante de las restricciones originalmente previstas.

La RDC 24 sigue sin producir efectos concretos, y el principal mecanismo de control de la publicidad de alimentos en Brasil continúa siendo la autorregulación ejercida por el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, un organismo creado por el propio sector.

Brasil destaca por tener las disputas legales más prolongadas de este tipo, con una espera promedio de nueve años para obtener una decisión de la Suprema Corte del país. En uno de los casos más relevantes —que todavía no tiene fecha de resolución—, los conglomerados empresariales llevan más de 16 años impugnando las decisiones de la autoridad sanitaria brasileña.

A escala mundial, las demandas promovidas por la industria contra las regulaciones han intentado frenar o modificar las normas relativas al etiquetado frontal, al marketing y la publicidad y a la transparencia en la información nutrimental que deben ofrecer los productos, así como a las cargas impositivas sobre los alimentos ultraprocesados.

En el caso de México, el gobierno ha logrado en los últimos años establecer medidas como la restricción al marketing y publicidad dirigida a la infancia, un sistema de etiquetado frontal de advertencia, la prohibición de la venta de estos productos en escuelas y gravar con impuestos especiales a bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico.

En Colombia, en años recientes, la sociedad civil y algunos congresistas han puesto en marcha propuestas para limitar el impacto de las bebidas y alimentos ultraprocesados en la salud pública: restringir la publicidad dirigida a niñas y niños, sacar estos productos de los colegios, imponer el etiquetado frontal de advertencia y crear impuestos saludables. Aunque en 2021 y 2022 estas dos últimas se convirtieron en leyes, entre enero de 2023 y agosto de 2025, se presentaron 17 demandas de inconstitucionalidad para tumbar o modificar ambas medidas.

Esta investigación encontró huellas de la industria de ultraprocesados en el 53 por ciento de los litigios interpuestos en Colombia. El patrón, identificado gracias a la automatización y análisis realizado con inteligencia artificial de más de 900 páginas de demandas, se desveló progresivamente: las multinacionales no presentaron las demandas directamente para tumbar las leyes que las han afectado, sino que los litigios fueron interpuestos por abogados de bufetes que trabajaron para algunas de ellas.

A partir de 2025, por primera vez, el número de niños con sobrepeso y obesidad en todo el mundo superará al de aquellos que sufren desnutrición, según el informe Feeding Profit: How Food Environments Are Failing Children. La prevalencia de la desnutrición entre las personas de 5 a 19 años disminuyó del 13 por ciento en 2000 al 9.2 por ciento, mientras que en el mismo lapso, las tasas de obesidad aumentaron del 3 al 9.4 por ciento, afectando ahora a 188 millones de niños y adolescentes.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ya habían advertido desde 2019 sobre una epidemia de obesidad en América Latina y el Caribe, donde la prevalencia de la obesidad se triplicó en cuatro décadas, y la condición ya afectaba a casi el 60 por ciento de la población, solo por detrás de Norteamérica.

El desafío para los países de América Latina será seguir legislando al sector y dando la pelea en los litigios que la industria lleva hasta los tribunales, en beneficio de la salud de la población, especialmente la de los niños, niñas y adolescentes.

Los “Tigres Toños” y la publicidad alimentaria abusiva o no regulada es un factor que causa perjuicios a la niñez. “Esto genera un gran estrés familiar, pues el niño termina pidiendo con vehemencia un determinado producto, y los padres y las madres, después de una agotadora jornada laboral, a menudo terminan cediendo”, concluye Renato Godoy, gerente de relaciones gubernamentales del Instituto Alana en Brasil.

* Por Ed Wanderley, Guilherme Cavalcanti y Maria Martha Bruno (Agência Pública), y João Peres, Rodrigo Oliveira y Thalita Pires (O Joio e O Trigo), Andrea Rincón y Edier Buitrago (Cuestión Pública), Kennia Velázquez y Armando Talamantes (Quinto Elemento Lab)

Esta es una investigación de Lighthouse Reports realizada en colaboración por Agência Pública (Brasil), Cuestión Pública (Colombia), Follow the Money (Países Bajos), The Guardian (Reino Unido), Il Fatto Alimentare (Italia), L’Espresso (Italia), O Joio e O Trigo (Brasil), Quinto Elemento Lab (México), Santa Cruz Local (Estados Unidos) y The Wire (India).