Repuntan tomas clandestinas 3.7%; suman 3,836 casos

Las tomas clandestinas detectadas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentaron 3.7% durante el primer cuatrimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con registros oficiales de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de la empresa productiva del Estado.

Entre enero y abril de 2026 se contabilizaron 3,836 tomas clandestinas, frente a las 3,699 registradas en el mismo lapso de 2025, lo que representa 137 pinchaduras adicionales.

Durante el año en curso, Hidalgo se mantiene como la entidad con mayor incidencia de este delito, al acumular 986 tomas clandestinas en los primeros cuatro meses del año. Le siguen Jalisco, con 740 casos; Puebla, con 362; Estado de México, con 329; Guanajuato, con 304; Querétaro, con 263, y Nuevo León, con 214.

Aunque Hidalgo continúa liderando en número absoluto de tomas clandestinas, Michoacán registró el mayor incremento porcentual entre las entidades con mayor incidencia al reportar un crecimiento del 155.56% durante el primer cuatrimestre del año ya que, mientras que entre enero y abril de 2025 se detectaron nueve tomas clandestinas, en el mismo periodo de 2026 la cifra ascendió a 23.

Detrás se ubicó el Estado de México donde la cantidad de tomas clandestinas ubicadas por las autoridades pasó de 196, en el primer cuatrimestre de 2025, a 329 en el mismo periodo de 2026, lo que representó un aumento de 67.86 por ciento.

También destacan los incrementos registrados en Puebla, con un aumento de 37.64%, al pasar de 263 a 362 tomas; Jalisco, con un crecimiento de 25.64%, al pasar de 589 a 740 casos, y Veracruz, con un incremento de 18.08%, al subir de 94 a 111 incidentes.

En contraste, algunas entidades registraron reducciones importantes en la detección de tomas clandestinas. La lista la encabezó Sonora, que pasó de 18 a cuatro registros, con una reducción de 77.78%; le siguieron: Coahuila, donde los casos pasaron de 130 entre enero y abril de 2025 a 41, una reducción del 68.46%; Tlaxcala, con una caída de 67.95%, al pasar de 78 a 25 casos, y Tamaulipas, donde las tomas clandestinas disminuyeron 66.67%, de 285 a 95.

Análisis

Los datos de incremento en las tomas clandestinas detectadas por las autoridades evidencia la debilidad institucional que permanece, comentaron Nancy Canjura, vocera e investigadora de Causa en Común, y Vicente Sánchez, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

“El robo de hidrocarburos implica una gran pérdida económica para el Estado. Los incrementos en la detección de tomas clandestinas son un indicador de la debilidad institucional que prevalece sobre el tema, a pesar de que en el discurso se ha planteado una estrategia para prevenir este delito”, sostuvo Canjura Luna.

La experta dijo a El Economista que aunque el gobierno federal ha puesto énfasis en mecanismos como la trazabilidad del combustible, persisten problemas estructurales en el control de la infraestructura de Pemex y en la coordinación entre las instituciones responsables de proteger un recurso considerado estratégico para la seguridad nacional.

“Se habla de la importancia del robo de hidrocarburos, pero no hay una correspondencia en recursos, interés ni fortalecimiento institucional. En el discurso se reconoce el problema, pero en la práctica no vemos que eso se materialice”, afirmó.

También recordó que las tomas clandestinas han provocado explosiones y accidentes con saldo fatal para comunidades enteras, además de fortalecer financieramente a las organizaciones delictivas.

Por su parte, Vicente Sánchez cuestionó la confiabilidad de la información oficial sobre el combate al huachicol. Señaló que diversos análisis independientes han planteado estimaciones distintas sobre el volumen de combustible robado y sostuvo que el gobierno no ha aclarado esas diferencias lo que, a su juicio, afecta la credibilidad de los reportes públicos.

Además, consideró que el problema rebasa la extracción ilegal de combustibles mediante perforaciones a ductos, al recordar que en los últimos años también se han localizado instalaciones clandestinas para el procesamiento de hidrocarburos y que el combate al robo de combustible requiere enfrentar posibles redes de corrupción dentro de las instituciones.

“El crimen organizado ha encontrado la manera de financiarse a través de otras actividades como ésta, que es bastante rentable. Eso les permite seguir operando y expandir su control territorial”, explicó.

A juicio de la integrante de Causa en Común, el funcionamiento de una red dedicada al robo de combustibles requiere identificar puntos vulnerables de los ductos, perforarlos, extraer el hidrocarburo y trasladarlo sin ser detectados, una operación que difícilmente podría sostenerse sin omisiones o complicidades dentro de las propias instituciones encargadas de la vigilancia.