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Presenta Aguirre 31 datos para deslindarse de Ayotzi
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada, establece en su artículo 30 que se impondrá pena de 40 a 60 años de prisión, y de 10,000 a 20,000 días multa al servidor público o particular que cometa el delito de desaparición.
Al exgobernador de Guerrero se le señala por ocultar pruebas de la desaparición de los normalista de Iguala.
Hasta el cierre de la edición, continuaba la audiencia para determinar si Ángel Heladio Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, imputado por la comisión del delito de desaparición forzada de personas en el caso Ayotzinapa, es vinculado a proceso penal o no.
La defensa del exmandatario guerrerense presentó ante Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, quien definirá su situación jurídica, 31 datos de prueba a su favor.
A la diligencia acudieron a declarar Felipe Martín Ornelas Rebollo y Jesús Martínez Garnelo, coordinador de Seguridad y Transporte Aéreo y secretario de Gobierno de Guerrero, respectivamente, ambos funcionarios durante el mandato de Aguirre Rivero.
El primero sostuvo que, contrario a la acusación de Blanca Estrada Ortega, ex visitadora del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG), quien declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que la noche del 29 de octubre de 2014 entregó en Chilpancingo al entonces gobernador perredista videos de cámaras del Palacio de Justicia de Iguala que registraron imágenes de los estudiantes normalistas desaparecidos y que él habría dado la orden de destruir con el propósito de borrar evidencias, Aguirre Rivero no se encontraba ese día en la capital del estado, sino en la Ciudad de México, donde sostuvo una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“El día lunes 29 de septiembre de 2014, estando en la oficina de la Presidencia del Tribunal en Chilpancingo, entre las 9:00 y 10:00 de la mañana, Lambertina Galeana Marín me dijo que el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero había dado la instrucción tanto a ella como a Iñaky Blanco Cabrera y Jesús Martínez Garnelo que hablaran con los ingenieros y técnicos del Palacio de Justicia de Iguala para que borraran toda evidencia que hubiera de los hechos sucedidos, y que si no lo hacían, iban a matar a su familia o a ellos mismos”, declaró en su momento Estrada Ortega.
En su presentación ante el juez federal, Martínez Garnelo desmintió ayer que Estrada Ortega y Galeana Marín asistieran de manera formal a las reuniones del gabinete de seguridad encabezadas por Aguirre Rivero como gobernador.