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Preocupa cifra de mujeres menores desaparecidas
Informes advierten que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas no incluye variables específicas sobre identidad de género u orientación sexual, lo que dificulta identificar patrones de violencia.
Hasta tres de cada cuatro adolescentes desaparecidas en el país podrían estar vinculadas con redes de trata.
La crisis de desapariciones en México afecta de manera desproporcionada a adolescentes, mujeres y personas de la diversidad sexual, de acuerdo con distintos informes académicos y de organizaciones civiles que advierten sobre patrones de violencia diferenciados, vacíos institucionales y la falta de políticas públicas integrales.
Según un estudio elaborado por la Universidad Iberoamericana hasta tres de cada cuatro adolescentes desaparecidas en el país podrían estar vinculadas con redes de trata de personas y explotación sexual.
El análisis, titulado “Repensar el conflicto mexicano desde una perspectiva de género”, indicó que dos de cada tres desapariciones de mujeres menores de 19 años de edad, registradas en años recientes, podrían estar relacionadas con estas formas de violencia.
También, se indicó que las desapariciones presentan patrones distintos según la edad y el género. Antes de los 11 años, aproximadamente la mitad de las personas desaparecidas son niñas. Entre los 12 y 18 años de edad, la proporción femenina se mantiene por encima del 50% y alcanza su punto más alto entre los 14 y 15 años de edad, cuando tres de cada cuatro personas desaparecidas son mujeres.
Impactos
Por su parte, la organización IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos señaló que la crisis de desapariciones también impacta de manera particular a mujeres, personas LGBTIQ+ y familias buscadoras.
En un informe reciente enviado a las Naciones Unidas, se sostuvo que el fenómeno debe analizarse desde una perspectiva interseccional, ya que afecta con mayor intensidad a poblaciones históricamente invisibilizadas como mujeres trans, personas no binarias y quienes integran la comunidad LGBTIQ+.
Además, advirtió que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas no incluye variables específicas sobre identidad de género u orientación sexual, lo que dificulta identificar patrones de violencia y diseñar políticas de prevención adecuadas.
A la par de estos hallazgos, un informe presentado ante la Organización de las Naciones Unidas advirtió que México carece de un marco legal integral para garantizar políticas de memoria sobre desapariciones forzadas, pese a que el país supera las 130,000 personas desaparecidas.
Según la organización, en México no existe una Ley General de Memoria, por lo que las acciones de memorialización y reconocimiento de las víctimas dependen en gran medida de iniciativas impulsadas por familiares y colectivos.
El documento elaborado por la Fundación para la Justicia como contribución al informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, señaló que, ante la ausencia de políticas públicas robustas, las principales iniciativas de memorialización en México han sido impulsadas por familiares de víctimas y organizaciones civiles.