Piden investigar uso de Pegasus con EPN

Las organizaciones Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y al gobierno federal una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre el uso ilegal del software espía Pegasus en México, tras nuevas revelaciones que vinculan a altos exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y al Ejército mexicano.

En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones condenaron los presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y espionaje revelados por el diario israelí The Marker, que detalló cómo los empresarios Avishai Neria y Uri Ansbacher habrían fungido como intermediarios entre el gobierno mexicano y compañías israelíes, obteniendo 25 millones de dólares por contratos gubernamentales durante el sexenio de Peña Nieto.

“Lo anterior coincide además con la información obtenida en el único juicio penal que se siguió con motivo de la vigilancia con Pegasus a la periodista Carmen Aristegui, en donde se reveló un entramado de corrupción y complicidad entre Ansbacher, dueño del conglomerado de compañías KBH, intermediarias que comercializaron Pegasus en México, y el gobierno de Peña Nieto”, se explicó en un comunicado.

Además, se reveló que incluso Manuel Mondragón, excomisionado Nacional de Seguridad, fue espiado mediante Pegasus, lo que confirma la amplitud y gravedad del uso político del software.

No se detuvo

Las organizaciones denunciaron que el uso del software no cesó con el cambio de gobierno. De acuerdo con R3D y otras investigaciones, el Ejército mexicano adquirió Pegasus en 2019, mediante la empresa Comercializadora Antsua, vinculada a la misma red de intermediarios.

En el mencionado texto explicaron que, sólo en mayo de 2019, se habrían registrado 456 infecciones con Pegasus en México, según documentación presentada en el juicio de Meta vs. NSO Group en Estados Unidos.

Debido a esto, las organizaciones exigieron a la FGR y al Ejecutivo federal: investigar los sobornos y el uso ilegal de Pegasus durante los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador; sancionar a todos los responsables, incluidos los exfuncionarios de alto nivel mencionados; transparentar el uso de recursos públicos para tecnologías de vigilancia, y establecer garantías de no repetición y rendición de cuentas efectiva.