INE rechaza regular pre-precampañas

Por tercera ocasión, el bloque mayoritario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), rechazó los intentos de regular y fiscalizar las llamadas “pre-precampañas” o proceso adelantos que llevan a cabo la mayoría de los partidos políticos nacionales rumbo a las elecciones de 2027.

Pese a que los nombramientos de los llamados Coordinadores de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, o mejor conocidos como Corcholatas de Morena están en curso y a los llamados de urgencia de los consejeros Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz para establecer lineamientos que regulen procesos políticos adelantados.

La mayoría de las y los consejeros del INE, encabezados por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, mostraron su rechazo a emitir estos lineamientos, al argumentar que este proyecto que fue impulsado por estos tres consejeros no está bien justificado y no fue acordado por todos los integrantes del consejo.

“De nueva cuenta, se presenta un proyecto que no fue previamente trabajado con todas las consejerías y que, hasta donde conozco, tampoco fue socializado con las representaciones partidistas. Quizá me falte información. Esta forma de proceder termina por dinamitar la colegialidad que todos invocamos”, criticó la consejera presidenta.

Asimismo, defendió que sigue abierta la revisión de una propuesta para profundizar su análisis técnico y jurídico sobre estos proceso internos, por lo que “esta discusión, por tanto, no representa una renuncia a nuestras responsabilidades, ni al derecho a disentir desaparece bajo ninguna circunstancia”.

“Lo que sí debe preocuparnos es que algunas diferencias se trasladen al espacio público mediante afirmaciones de que el INE dejó de cumplir con sus funciones, perdió capacidad para vigilar o pone en riesgo la confianza en las elecciones que organiza”, expresó.

Incluso, lanzó una fuerte crítica a los consejeros “opositores”, pues sostuvo que pueden debatir con toda firmeza una decisión, pero no convertir cada desacuerdo en una acusación de incapacidad institucional.

“Estamos aquí para conducir los trabajos técnicos y garantizar el cumplimiento de la ley. Renunciar a esa responsabilidad para llevar nuestras diferencias al terreno de la descalificación o al terreno mediático para ganar popularidad no fortalece el discurso institucional, en cambio, puede alimentar el discurso político que cada actor decida asumir”, dijo.

Previamente, al presentar el proyecto, el consejero Arturo Castillo advirtió que, a menos de tres meses de que comiencen las precampañas, los procesos políticos continúan con recorridos territoriales, eventos, encuestas, traslados, propaganda y difusión en medios digitales, todas ellas actividades susceptibles de fiscalización, no obstante, esta autoridad no ha tomado medida alguna para fiscalizar oportunamente estas actividades y, en su caso, proteger la equidad en la contienda.

Incluso, recordó que hace más de seis meses advertió sobre la necesidad de atender el fenómeno de los procesos políticos anticipados y que esta es la tercera ocasión en más de cinco meses que se agenda la discusión de este tema en el Consejo General y todavía no hay una resolución.

A su vez, al defender también el proyecto, el consejero Martín Faz dijo que “no habría necesidad de emitir este instrumento si los partidos políticos adoptaran una posición de respeto irrestricto a la normatividad y a los tiempos del proceso electoral y se abstuvieran de realizar actos que en los hechos pueden generarles una ventaja indebida mediante el posicionamiento o definición de liderazgos políticos que después ostenten candidaturas”.