Eximen a Garduño por muerte de 40 migrantes

El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Fundación para la Justicia acusaron que la exoneración de Francisco G. Y., exfuncionario del Instituto Nacional de Migración (INM), por el incendio ocurrido en una estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, evidencia un sistema de justicia selectivo y la persistencia de la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos.

A través de pronunciamientos difundidos ayer, 14 de octubre, las organizaciones cuestionaron la decisión judicial de eximir de responsabilidad al exservidor público, quien actualmente trabaja en la Secretaría de Educación Pública (SEP), y advirtieron que la resolución deja sin respuesta las exigencias de verdad y reparación integral de las víctimas.

Revictimización

Las agrupaciones advirtieron que la resolución judicial revictimiza a las familias de las personas fallecidas y a quienes sobrevivieron al incendio, al considerar que mantiene pendiente el esclarecimiento de las responsabilidades institucionales y la reparación de los daños.

El IMUMI señaló que, además de las 40 personas fallecidas, 27 sobrevivientes quedaron con secuelas de por vida y 15 mujeres enfrentaron afectaciones psicológicas tras presenciar la muerte de sus familiares.

Con base a la información consultada con una de las ONG, el excomisionado fue el único imputado que fue exonerado por parte de las autoridades.

Según el informe “No nos dejen morir”, además de Garduño Yañez, 10 personas fueron acusadas por tener alguna responsabilidad por lo ocurrido, entre los que se encuentran: el titular de la oficina del INM; el coordinador del Grupo Beta; el jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Oficina de Representación y el director de Control y Verificación Migratoria, por distintos delitos como homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público.