¿Qué dice la iniciativa de transparencia y protección de datos de Claudia Sheinbaum?

La presidenta Claudia Sheinbaum envió el 21 de febrero pasado una iniciativa para crear un conjunto de leyes en materia de transparencia y protección de datos. La propuesta sigue a la modificación constitucional de diciembre de 2024, por la que se extingue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), junto con otros organismos autónomos.

La reforma supone varios cambios en la gestión de la transparencia y la protección de datos, ambos derechos protegidos por la Constitución. Las modificaciones incluyen la expedición de tres leyes; la reasignación de las funciones del Inai a otras dependencias federales, estatales y municipales; la creación de un Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública y la ampliación de las condiciones para reservar información, entre otras.

Tres leyes

La iniciativa, enviada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, al Senado, ordena la creación de tres leyes, una en materia de transparencia y acceso a la información y dos en materia de protección de datos personales:

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Las tres leyes sustituyen a las anteriores, que llevaban el mismo nombre. Mientras que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública regula el acceso de los ciudadanos a la información en poder de entidades públicas; ambas leyes de protección de datos personales atienden al tratamiento de los datos personales de los ciudadanos por parte tanto de entidades de Gobierno como de entidades privadas.

Reasignación de funciones

• Transparencia

A partir de la desaparición del Inai, la iniciativa busca reasignar las funciones en materia de transparencia que hasta la fecha cumple este instituto y los órganos garantes de los 32 estados de la República. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a través de un organismo administrativo desconcentrado llamado Transparencia del Bienestar, será la encargada de garantizar el acceso a la información a nivel federal.

Para el Poder Judicial de la Federación, la autoridad garante será el órgano de control y disciplina, lo mismo que para los órganos constitucionales autónomos; las contralorías para el Congreso de la Unión; el centro federal de conciliación y el tribunal federal de conciliación para los sindicatos y el Instituto Nacional Electoral (INE), para los partidos políticos.

La ley prevé que sean los estados los que decidan en su propia normativa la adscripción y estructura administrativa de las autoridades garantes, aunque deben tomar como modelo de referencia la estructura federal. Las autoridades de control interno y vigilancia en las entidades federativas también conocerán de los asuntos a nivel municipal, de acuerdo con las leyes locales.

• Sistema Nacional de Transparencia

La nueva regulación sustituye el programa nacional de transparencia y acceso a la información por una política nacional de transparencia, la cual será emitida por un Sistema Nacional de Acceso a la Información. Este sistema, a través de su Consejo Nacional, también será el encargado de coordinar y evaluar las medidas que integren la política de transparencia y acceso a la información. El consejo nacional del sistema estará integrado de la siguiente forma:

• La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quien lo presidirá;
• La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones,
• El Archivo General de la Nación,
• El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral,
• El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje,
• El Instituto Nacional Electoral,
• La presidencia de cada Comité de los Subsistemas de Transparencia.

El sistema sustituye al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cual regulaba la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Esta plataforma, que sirve para que la ciudadanía pueda acceder a toda la información pública disponible; así como para realizar solicitudes de información a los gobiernos, será ahora administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

• Protección de datos personales

En materia de protección de datos personales, la propuesta de la administración de Claudia Sheinbaum reasigna todas las funciones que cumplía el Inai a este respecto a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, actualmente a cargo de Raquel Buenrostro.

En el caso de la supervisión de este derecho en lps poderes de la Unión y en los estados de la República, la iniciativa advierte que las autoridades garantes en la materia serán las mismas que en el caso de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Reserva de información

De la misma forma que en la regulación anterior, la iniciativa contempla que la información generada por las dependencias gubernamentales podrá ser clasificada como reservada, aunque agrega una razón para que esto pueda suceder.

La propuesta del Gobierno federal conserva como razones de reserva de la información la seguridad nacional y la defensa nacional, pero añade la paz social como una razón más, a pesar de que no define este concepto.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx