Crisis carcelaria en México: Nayarit encabeza sobrepoblación en penales

Entre diciembre de 2018 y agosto de 2026, la población penitenciaria en México creció un 39.14%, mientras que la capacidad de alojamiento apenas aumentó un 5.89%; este desbalance provocó que el sistema pasara de tener un superávit de espacios a registrar un déficit de más de 45,000 lugares, lo que subió el número de penales sobrepoblados de 103 a 158. A nivel estatal, 20 entidades federativas presentan sobrepoblación en su conjunto, destacando el caso de Nayarit con un 248%, seguido por el Estado de México (137.16%) y Morelos (113.87 por ciento).

A nivel individual, el penal de Bucerías en Nayarit figura entre los más saturados del país al alcanzar un 470% de sobrepoblación. El ritmo de crecimiento del sistema carcelario mostró un notable incremento durante los primeros 23 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, superando el aumento acumulado a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Mientras que durante el mandato de AMLO la población penitenciaria sumó 36,526 nuevos internos, en los casi dos primeros años de Sheinbaum se incorporaron 40,983 personas. Esta aceleración llevó a que la cifra total nacional de personas privadas de la libertad se elevara a 275,497 en agosto de 2026.

Existen graves focos rojos de saturación en diversos penales locales del país, hay ocho que rebasan el 300% de sobrepoblación y 16 que superan el 200 por ciento. Los casos más severos corresponden a los centros estatales de Huixtla en Chiapas (640%) y Zumpango en el Estado de México (590%). El Estado de México destaca de forma particular al concentrar 21 centros penitenciarios, de los cuales 16 están sobrepoblados y albergan a más de 38,000 internos en conjunto.

Esta crisis de sobrepoblación es relevante en la agenda pública a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara medidas estructurales para atenuar el hacinamiento en el penal de Nezahualcóyotl-Bordo Xochiaca. La resolución derivó de un amparo impulsado por la Defensoría Pública en 2021, constatándose que dicho centro pasó de albergar 5,116 personas en 2021 a 6,205 en agosto de 2026, sobrepasando por más de 4,100 internos su capacidad real. El Máximo Tribunal subrayó que el Estado debe actuar como garante de la dignidad humana y que el hacinamiento vulnera derechos fundamentales como la salud, la alimentación y la integridad.

De acuerdo con especialistas en criminología, este fenómeno responde en gran medida a la reforma constitucional de 2019, la cual amplió el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. Aunque desde una postura exclusivamente punitiva este incremento pudiera interpretarse como un logro, el especialista advierte que refleja una excesiva dependencia del encarcelamiento. Además, la saturación generalizada obstaculiza los procesos de reinserción social de los reclusos.

Es necesario distinguir entre sobrepoblación agregada y hacinamiento efectivo en el interior de los penales. Un centro penitenciario puede registrar un número total de internos equivalente a su capacidad teórica y, sin embargo, padecer condiciones severas de hacinamiento en áreas específicas. Esto ocurre por una distribución desigual e ineficiente de los espacios disponibles, lo que provoca que algunos reclusos permanecen en celdas extremadamente saturadas y otros dispongan de mayor privacidad.