Corte decidirá si ASF puede ampararse contra resoluciones judiciales

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atraer una contradicción de criterios para determinar si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede ampararse contra resoluciones judiciales, como en el caso de la llamada Estafa Maestra, por las que pierde casos de posible desvío de recursos públicos.

A mano alzada y por unanimidad de los ocho ministros presentes, de un total de nueve que lo integran, el máximo tribunal constitucional aprobó la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 980/2026, formulada por quienes conforman el pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, respecto de la contradicción de criterios 61/2026.

El tema a resolver se centra en decidir si la ASF “cuenta con legitimación para promover juicio de amparo en contra de determinaciones que inciden en la persecución de conductas posiblemente lesivas para la hacienda pública federal, aun cuando dichas resoluciones no versen directamente sobre la reparación del daño ni produzcan una afectación patrimonial inmediata a dicho órgano de fiscalización”.

Tras la decisión de atraerlo, el asunto se turnará a un ministro bajo cuya ponencia la Corte resolverá, primero, si existe contradicción de criterios, y si la hay establecer el criterio que deberá prevalecer.

El problema se originó porque mientras algunos tribunales han determinado que la ASF sí tiene facultad para promover amparos en defensa del erario, hay otros que sostienen lo contrario por considerar que el ente fiscalizador solamente puede ampararse cuando el fallo correspondiente afecta su patrimonio.

La contradicción de criterios a resolver deriva de amparos promovidos por el ente fiscalizador del país para mantener abiertos procesos relacionados con el esquema de triangulación de recursos públicos a través de universidades descubierto durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, en que participaron las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuyo desfalco fue superior a 5,000 millones de pesos de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).