Consejo del INM: cierre del caso Garduño no extingue responsabilidad por incendio en Ciudad Juárez

El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM) advirtió que el cierre del procedimiento penal contra Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del organismo, por el incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, no extingue la responsabilidad social e institucional con las víctimas y sus familias.

Mediante un posicionamiento sobre la reciente resolución judicial, el órgano colegiado sostuvo que, aunque respeta las decisiones de las autoridades jurisdiccionales, la conclusión del proceso no sustituye las obligaciones pendientes en materia de verdad, reparación integral del daño y justicia para las personas afectadas por la tragedia del 27 de marzo de 2023, en la que murieron 40 personas migrantes y 27 resultaron lesionadas.

“Para este Consejo, la resolución penal no agota ni borra la deuda social, moral e institucional con la verdad, la reparación integral del daño y la justicia integral que merecen las víctimas y sus seres queridos”, señaló.

Piden transformar las estaciones migratorias

El Consejo Ciudadano consideró que los hechos de Ciudad Juárez deben servir como recordatorio de la necesidad de modificar las condiciones en las que las autoridades reciben y mantienen a personas migrantes en estaciones migratorias y estancias provisionales.

Mediante el documento compartido, se planteó el avanzar hacia la eliminación de la detención por razones migratorias y transformar las instalaciones destinadas al tránsito internacional, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

Afirmó que la garantía de no repetición requiere cambios estructurales que permitan proteger la integridad y la dignidad de quienes ingresan, transitan o permanecen en territorio mexicano.

“La verdadera justicia exige salvaguardas estructurales que garanticen que un hecho de esta naturaleza jamás vuelva a repetirse en territorio nacional”, sostuvo.

El organismo señaló que la respuesta institucional no puede limitarse a las consecuencias penales individuales, sino que debe incluir medidas para revisar las condiciones de operación de las instalaciones migratorias y la atención que se brinda a las personas bajo custodia de las autoridades.

Por otro lado, reafirmó su autonomía y su compromiso de incidir ante las autoridades para reorganizar la política migratoria con un enfoque de derechos humanos, así como para erradicar la visión punitiva y de detención en las instalaciones del INM.

También destacó el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización ciudadana sobre el desempeño del personal y las condiciones de las instalaciones migratorias.