¿Qué aprobó el Congreso en el periodo extraordinario?

Del 26 al 29 de mayo pasado, el Congreso de la Unión sesionó en periodo extraordinario, para aprobar dos iniciativas de reformas constitucionales presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una por el diputado morenista, Ricardo Monreal Ávila.

La primera fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el objeto de aplazar la elección judicial de 2027 hasta 2028. También establece que la revocación de mandato será el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional.

La segunda tiene como fin crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas. Esa instancia estará integrada por tres consejeros electorales, quienes serán elegidos por un periodo de tres años por el Instituto Nacional Electoral.

La presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila fue con la intención de introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

Inicialmente se tenía la intención de aprobar otra iniciativa presentada por Monreal Ávila para reformar diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativos a las causales de nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales, pero su discusión fue pospuesta.

Aprueban aplazar elección judicial hasta 2028

El 27 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Constitución Política para aplazar la elección judicial de 2027 hasta el primer domingo de junio de 2028. También precisa que la revocación de mandato será el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional. La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El dictamen fue aprobado con la mayoría calificada de 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, con los cambios aceptados por el Pleno, con el propósito de que magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que estén en funciones puedan ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028.

Se aceptó la propuesta de modificar el artículo 35 constitucional para que se precise que no va a haber posibilidad de que empaten las elecciones federales con la revocación de mandato.

“Quedará establecido que será el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional”, y en esa lógica nunca podrá empatarse la revocación de mandato con ninguna elección intermedia federal o la elección constitucional de la presidencia de la República”.

Un día después de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados, el Senado de la República inició la discusión de la minuta respectiva y en la sesión del 29 de mayo el Pleno la aprobó, en lo general y en lo particular.

Los senadores avalaron el dictamen en lo general con 87 votos a favor y 40 en contra, además, se registró un voto en contra en el Diario de los Debates, por lo que reunió la mayoría calificada que se requiere para su aprobación.

Para la discusión en lo particular se presentaron 17 reservas, por parte de senadoras y senadores de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano; sin embargo fueron rechazadas y los artículos reservados fueron avalados en los términos del dictamen con 86 votos a favor y 40 en contra.

Aprueban Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que establece el marco regulatorio para la integración y funcionamiento de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas.

Esa instancia estará integrada por tres consejeras y consejeros electorales, quienes serán elegidos por un periodo de tres años por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Fue una iniciativa presentada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

En la discusión se aceptó la reserva al artículo 200 Quater, promovida por los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, Víctor Hugo Lobo Román, Gabriela Georgina Jiménez Godoy, Julia Arcelia Olguín Serna, y presentada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, para que la integración de la Comisión de Verificación sea de tres integrantes, en lugar de cinco como se proponía en el dictamen.

Según lo aprobado, el objetivo de la Comisión será recibir listados de personas que pretendan postularse como candidatas a un cargo de elección popular, ya sea federal o local, previo a su registro ante la autoridad electoral para que, en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, se realice un análisis de riesgo sobre sus perfiles.

Esa información podrá ser total o parcial, y se realizará de manera voluntaria por parte de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente.

La presidencia será rotativa y designada anualmente entre los integrantes de la propia Comisión.

Los partidos políticos establecerán mecanismos para que las personas que pretendan ser postuladas manifiesten su conformidad de que su perfil sea objeto de un análisis de riesgo. Una vez que los partidos políticos reciban la información de la Comisión de Verificación, determinarán sobre la procedencia o no del registro de las personas evaluadas como candidatas por ese instituto político.

Una vez aprobada en el recinto de San Lázaro, fue enviada al Senado, donde fue aprobada en la sesión del 29 de mayo.

En lo general, el proyecto de decreto fue avalado con 85 votos a favor y 40 en contra. Para la discusión en lo particular se presentaron reservas por parte de cuatro senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI, pero las propuestas de modificación fueron desechadas por la Asamblea, por lo que los artículos reservados fueron avalados, con 84 votos a favor y 41 en contra, en sus términos.

Aprueban anular elecciones por injerencia extranjera

El 27 de mayo los diputados aprobaron el dictamen de reforma constitucional que introduce como una nueva causal de nulidad de elecciones cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.

En lo particular se aceptó la reserva presentada por el diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, de Morena, para que la redacción quedara: “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.

El dictamen aprobado expone que la injerencia extranjera se ha convertido en desafío para la estabilidad institucional y la protección de la soberanía de los Estados modernos.

Refiere que organismos internacionales han advertido dichas intervenciones pueden manifestarse mediante campañas de desinformación, manipulación digital, corrupción, espionaje, ciberataques, y la influencia manipuladora en la participación o las opiniones de la ciudadanía, a través de campañas y manipulación en línea.

Especifica que la intervención extranjera puede manifestarse mediante financiamiento, ciberataques, campañas de desinformación coordinadas o presiones diplomáticas, conductas que buscan vulnerar la independencia política del Estado mexicano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que el objetivo de la iniciativa fue evitar intervención extranjera o de agentes extranjeros puedan ser válidas en el país.

En tanto, el legislador del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, consideró que se trata de una reforma ambigua, sin límites claros, ni conceptos, discrecional, indeterminada y selectiva. “Sigue siendo lesiva y censura la libertad de expresión”.

En el régimen transitorio, el dictamen señala que las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco normativo antes del 5 de junio de 2026.

En el Senado la minuta de esa iniciativa fue aprobada en la sesión del 29 de mayo con 85 votos a favor y 42 en contra.

En lo particular, senadores del PAN, PRI y MC presentaron diversas reservas para modificar el dictamen, pero no fueron aceptadas, por lo que el documento fue aprobado en sus términos.

Aplazan discusión de reformas a Ley General de Medios de Impugnación

El 28 de mayo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, comunicó al Pleno el acuerdo para aplazar el análisis del dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con la finalidad de contar con un mayor periodo de reflexión, profundizar su estudio y construir los consensos.