Amnistía Internacional exige que el Ejército proporcione información sobre los 43 de Ayotzinapa

Amnistía Internacional (AI) exige al gobierno federal obligar al Ejército a entregar toda la información con la que cuenta sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.

La organización sostiene que esta documentación se le ha requerido durante varios años por las familias de los jóvenes, el GIEI -en su momento- e incluso por la referida orden del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en febrero pasado.

A 12 años de lo que se ha considerado una desaparición forzada de los jóvenes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Amnistía reitera que persisten obstáculos importantes para el desarrollo de la investigación.

“El ejército aún no entrega información con la que cuenta pese a que hay un mandato judicial que se lo ordena, videos que podrían aportar elementos importantes para la misma fueron borrados y, si bien las diligencias continúan, la lentitud con que se desarrollan ha conducido a más de una década de impunidad”.

Dicha información, detalla, está vinculada con los 853 folios que las familias de los jóvenes han exigido en reiteradas ocasiones, al igual que lo hicieron diversas organizaciones sociales y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuando participó en la investigación.

El ocultamiento de información ha sido una constante en el desarrollo de la investigación. Al concluir su colaboración en ésta –el 31 de julio de 2023– el GIEI señaló en su mensaje final que la información que había recibido en el proceso era “parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes”.

“La transparencia tiene un peso fundamental en la responsabilidad que tiene el Estado mexicano en este caso paradigmático de desaparición forzada”, advirtió Edith Olivares Ferreto.

La eliminación de los videos tomados por las cámaras del Palacio Municipal de Iguala, es una decisión que se atribuye al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y a dos personas más, que habrían ejecutaron la orden.

“Este hecho inaudito debe ser investigado dada la gravedad que implica la desaparición de pruebas y el posible encubrimiento que puede existir en esa decisión”, plantea el movimiento.