Consejo de la Judicatura Federal ha analizado más de 1,000 casos para seguridad de jueces

Entre el 2019 y el 2022, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha analizado 1,010 asuntos relacionados con peticiones para otorgar medidas de seguridad a integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), de las cuales 34.4% (348) fue enviada vía electrónica a través del Centro de Atención de Solicitudes en Materia de Seguridad y atendida de manera inmediata.  

Los casos a analizar de manera inmediata para otorgar medidas de protección a jueces y juezas en el país se incrementaron 7.5% entre el 2020 (79) y el 2022 (85), según muestran los mismos datos del PJF.

De acuerdo con las cifras de los informes anuales del CJF, para el 2019 el Comisión de Vigilancia, encargada de analizar, entre otras cosas, la emisión de medidas de apoyo para el resguardo de la seguridad de los integrantes del poder Judicial, procesó 303 asuntos en la materia con motivo de situaciones de riesgo derivadas del ejercicio de sus funciones.

En dicho reporte, se refirió que 124 peticiones presentadas vía electrónica se atendieron de manera inmediata, principalmente provenientes de servidores públicos adscritos a Centros de Justicia Penal Federal, de las cuales 108 fueron autorizadas, en cinco se pidió aclaraciones; otras siete fueron ratificaciones y cuatro generaron otras determinaciones.

Para el 2020, la Comisión de Vigilancia analizó un total de 277 asuntos relacionados con la seguridad de los integrantes del poder Judicial, de los cuales fueron 182 asignaciones de medidas de seguridad —que pueden ser escoltas, chalecos antibalas u autos blindados entre otros—, continuaciones y conclusiones de estas mismas medidas; y otros 95 relativas a diversos asuntos.

Este año, se informó que hubo 79 peticiones presentadas de manera electrónica que fueron atendidas de inmediato.

Cabe mencionar que este fue el último año en el que los informes del CJF desglosaron las cifras de asignaciones de medidas.

Para el reporte del 2021, el Consejo de la Judicatura Federal reportó que la Comisión sometió a análisis 237 asuntos “en materia de seguridad que se analizan con la finalidad de proveer medidas de apoyo”.

Este año fueron 60 las analizadas de manera inmediata presentadas vía electrónica a través del Centro de Atención de Solicitudes en Materia de Seguridad.

Para dicho año el Consejo afirmó que “se implementaron acciones integrales a fin de mitigar los riesgos derivados de los eventos de violencia presentados en el territorio nacional, generando con ello condiciones de seguridad preventivas y proactivas para asegurar el óptimo funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en el país, y resguardar la vida e integridad de las y los servidores públicos”.

Mientras que para el 2022, el CJF indicó, en su informe anual, que fueron 193 asuntos los analizados en materia de seguridad para proveer medidas de apoyo. De ellas, 85 presentadas por los medios electrónicos “se atendieron de forma inmediata”.

El PJF ha reiterado, en respuesta a solicitudes de información, que no puede otorgar datos acerca del número total de jueces con medidas de seguridad.

Inseguridad en Colima

El pasado martes, en el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima capital, se pidió al personal realizar trabajo en casa debido a la “enorme ola de violencia que se vive en esta ciudad”.

Mediante una circular, se fundamentó la decisión al indicar que recientemente se han presentado hechos como la ejecución de dos personas al medio día en las inmediaciones del Centro de Justicia Penal, el pasado domingo, quienes habían salido de una audiencia. 

La indicación seguirá hasta “nuevo aviso”, al tiempo que se informó que la decisión sería notificada a la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia del CJF.

Hasta junio pasado, según el Secretariado Ejecutivo, Colima encabezaba a nivel nacional en delitos del fuero común con 302 casos por cada 100,000 habitantes, muy por arriba de la media nacional que se ubicó en 148.9.

En asesinatos, la entidad se ubicó en primer lugar en el país con 7.3 víctimas por cada 100,000 personas; la media nacional fue de 1.93.  

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