¿Podría el verdadero Marco Rubio ponerse de pie, por favor?

CAMBRIDGE—En el clásico concurso estadounidense To Tell the Truth, tres concursantes afirmaron tener la misma identidad mientras un panel de celebridades los interrogaba, buscando inconsistencias. Después de que los panelistas emitieran sus votos, el presentador hizo la famosa pregunta: “¿Podría el verdadero ___ ponerse de pie, por favor?”.

Los venezolanos llevan haciéndose esa pregunta sobre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, desde que las tropas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro en enero. Más de seis meses después, siguen esperando una respuesta.

Parece haber tres Rubios, cada uno con argumentos plausibles para ser considerado el verdadero. El primero es el Rubio que muchos venezolanos creían conocer: el hijo de inmigrantes cubanos que entiende el daño que la dictadura causa a los países y a las familias, y que ha dedicado la mayor parte de su vida pública a denunciar la tiranía y defender la libertad, la democracia y el estado de derecho.

Se supone que Rubio libra una batalla cuesta arriba contra aquellos dentro de la administración del presidente estadounidense Donald Trump que ven a Venezuela no como una democracia que debe ser restaurada, sino como un yacimiento petrolífero que explotar y un problema de seguridad que controlar. Él quiere ver a los presos políticos liberados, las instituciones represivas desmanteladas, el sistema electoral reconstruido y a los venezolanos libres para elegir a sus propios líderes, asegurando así que el régimen de Maduro no sobreviva bajo una nueva administración.

El segundo Rubio no se resiste a la estrategia del gobierno. La está implementando, asegurando a la oposición que habrá reformas democráticas mientras Estados Unidos llega a un acuerdo con quienes heredaron la maquinaria de Maduro, liderados por la presidenta interina Delcy Rodríguez. El policía bueno y el policía malo, por lo tanto, siguen el mismo guion.

Mientras tanto, el tercer Rubio preside una economía política opaca en la que los ingresos petroleros, los contratos y las instituciones de Venezuela sirven a los allegados al régimen y a los negociadores de Washington, convirtiendo la democracia, que era el objetivo declarado, en el principal obstáculo. Meses después de que Rodríguez jurara el cargo, su gobierno interino sigue integrado por leales al régimen. Más de 300 presos políticos permanecen tras las rejas, el aparato represivo está intacto y no se ha anunciado ningún calendario electoral. Al preguntársele cuándo podrían votar los venezolanos, Rodríguez respondió: “No lo sé, algún día”.

El mensaje no podría ser más claro. Dos años después de que los venezolanos votaran abrumadoramente por el candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, solo para ver cómo le robaban su aplastante victoria, no se ha implementado ninguno de los requisitos para unas elecciones creíbles. Antes de que los venezolanos puedan votar nuevamente, el país necesita una autoridad electoral independiente, un registro de votantes que incluya a los ocho millones de venezolanos que viven en el extranjero, la abolición de las leyes represivas del régimen, observadores electorales internacionales y garantías de que las fuerzas armadas respetarán el resultado.

Nadie puede pretender que estas son decisiones puramente venezolanas sobre las que Estados Unidos no tiene influencia significativa. Como informó recientemente el New York Times, Rubio controla de facto las finanzas de Venezuela y la asignación de sus recursos naturales. Según informes, Rodríguez incluso busca su aprobación para nombramientos gubernamentales importantes.

Además, la mayor parte de los ingresos por exportaciones de Venezuela van primero al Tesoro estadounidense, que los devuelve con condiciones, un acuerdo que el Times comparó con “padres dando paga a sus hijos”. Al ejercer un grado de control sobre un país soberano que ningún funcionario estadounidense ha tenido desde que Paul Bremer dirigiera el Irak ocupado, Rubio ha sido apodado “el virrey” por funcionarios estadounidenses y venezolanos.

Si bien la administración Trump se jacta de que miles de millones de dólares en ingresos petroleros fluyen a Venezuela, no ha habido rendición de cuentas pública sobre cuánto se ha recaudado ni cómo se ha gastado el dinero. La democracia no puede construirse sobre cuentas secretas, y una transición democrática no puede inspirar confianza cuando quien la supervisa también controla las finanzas.

El nuevo gobierno enfrentó su primera gran crisis el 24 de junio, cuando dos fuertes terremotos, de 7.2 y 7.5 grados de magnitud, sacudieron Caracas con 39 segundos de diferencia, devastando el país y el estado costero de La Guaira. Según cifras oficiales, murieron cerca de 5,000 personas y más de 16,000 resultaron heridas. Organizaciones de la sociedad civil aún reportan decenas de miles de desaparecidos, mientras que, según informes, las fuerzas de seguridad obstaculizaron las labores de rescate.

Rodríguez ha desestimado las críticas a la respuesta como una conspiración contra su gobierno, y el estado de emergencia resultante se ha convertido en la última excusa para retrasar la transición democrática. En la Venezuela actual, incluso los desastres naturales sirven a quienes están en el poder.

Nada evidencia mejor las verdaderas intenciones del gobierno de Trump para Venezuela que el trato que le dio a María Corina Machado, la líder opositora que unificó el movimiento democrático venezolano y ganó el Premio Nobel de la Paz 2025. Cuando intentó regresar a casa tras los terremotos, el gobierno de Rodríguez cerró el espacio aéreo del país y amenazó a cualquiera que intentara ayudarla.

El gobierno de Rodríguez no actuó solo. Funcionarios estadounidenses obligaron al avión de Machado a regresar, mientras que un alto funcionario de la Casa Blanca calificó su intento de volver como un “oportunismo político grotesco”. Al colaborar con el régimen venezolano para mantener en el exilio a la líder democrática más popular del país, Rubio socavó la imagen de “policía bueno” que había cultivado cuidadosamente.

Los venezolanos en Estados Unidos no han tenido la mejor suerte. El gobierno continúa sometiéndolos a restricciones de visa, ha cancelado el permiso humanitario para 117,000 venezolanos que ingresaron legalmente con patrocinadores estadounidenses, ha revocado el Estatus de Protección Temporal a cientos de miles de personas y ha mantenido los vuelos de deportación a Caracas. Si Venezuela era lo suficientemente intolerable como para justificar la destitución de su gobernante, ¿cómo puede ser lo suficientemente segura como para recibir a las mismas personas que huyeron de su régimen?

¿Qué Rubio es el verdadero? ¿El defensor asediado de la libertad? ¿El policía bueno que tranquiliza a la oposición democrática venezolana mientras el gobierno negocia sus propios acuerdos? ¿O el poderoso virrey cuyas acciones sugieren que la democracia venezolana nunca fue más que una moneda de cambio? Quizás la respuesta ya no importe. La ambigüedad no es una virtud; es una elección.

Seguramente habrá más anuncios en los próximos meses. Podría haber una fecha para las elecciones, un fondo para la reconstrucción u otro gesto hacia la oposición. Juzguen estas promesas solo por lo que se pueda verificar: la liberación de los presos políticos; una autoridad electoral en la que los venezolanos puedan confiar; un registro electoral genuino; Machado en casa sano y salvo; y la rendición de cuentas de cada dólar de los ingresos petroleros. Cualquier cosa que no cumpla con esto es pura farsa.

El autor

Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela y execonomista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, es profesor en la Escuela Kennedy de Harvard y director del Laboratorio de Crecimiento de Harvard.

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