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Opinión

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Sheinbaum quedaría al mando del Sistema Anticorrupción

Alertan que dejaría de existir participación ciudadana, aunado a la concentración de poder.

Las sanciones incluyeron la destitución del encargo como servidor público federal. foto ee: hugo salazar

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) requiere ser refundado o al menos fortalecido, sin desaparecer la participación ciudadana que es fundamental para su funcionamiento a través de los comités a nivel nacional, estatal y municipal; incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); establecer una cruzada en materia de combate eficiente de la corrupción; convertir el sistema en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas; trazar metas para que las instituciones informen qué están haciendo; mejorar la coordinación entre instituciones y endurecer las sanciones y proteger a denunciantes vía un canal de denuncias único, propusieron Patricia Talavera Torres y Rafael Martínez Puón.

La presidenta y el integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, informaron a El Economista que ya han tenido reuniones formales, sobre todo con la Cámara de Diputados, en relación con el paquete de reformas anticorrupción que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció a principios de año que enviará al Congreso de la Unión, pero que no saben cuándo se presentará ni ante cuál de las dos cámaras legislativas.

Sobre el tema, Daniel Barreda (MC), presidente de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia de la Cámara de Senadores, consideró que el SNA tiene “cosas buenas y malas” y que lo que ya es obsoleto se tiene que cambiar, pero consideró conveniente esperar que se presente la iniciativa presidencial anunciada para “analizar qué es lo que ellos quieren”.

En su opinión, “tenemos que dejar de pensar que combatir la corrupción consiste solamente en aumentar penas. Claro que tiene que haber sanciones y consecuencias cuando alguien comete un acto de corrupción, pero también tenemos que ser mucho más efectivos en prevenirlo y detectarlo”.

El SNA, poco funcional

El pasado 2 de febrero, la mandataria mexicana dijo que “ya pronto” abordaría el tema.

“Nuestro objetivo es empoderar al ciudadano en el tema de la corrupción que vive el ciudadano. Y pensamos hacer modificaciones, porque es un sistema que no ha funcionado muy bien.

“Entonces, más allá de las características y demás, nosotros queremos empoderar a la gente, para que la gente que vive una situación de corrupción, aparte de lo que tenga que ver con lo que tiene que hacer el gobierno y las instituciones públicas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en sus auditorías a las instituciones públicas, queremos que el ciudadano tenga la capacidad de denunciar y que se haga algo con ello (…) Vamos a presentar algunas iniciativas en este sentido (…) Necesitamos empoderar al ciudadano: que cada vez que denuncia, esa denuncia tenga consecuencias”.

Riesgo enorme

Martínez Puón advirtió que hay la intención de desaparecer los comités de participación ciudadana del SNA que funcionan a nivel nacional, estatal y municipal, y que la presidenta Sheinbaum Pardo presida el sistema.

“Existe un riesgo enorme de que desaparezca, que no se sustituya la presencia de la ciudadanía. Eso es lo que nos sigue preocupando. Uno de los diagnósticos cuando se creó el sistema era evitar que se concentrara el poder en las instituciones gubernamentales. Si, efectivamente, la reforma apunta que la presidenta va a presidir el sistema nacional, estaremos regresando a lo que se quería evitar: la concentración del poder. Pero si, adicionalmente, ya no se va a permitir la participación de la ciudadanía, estamos peor. En lugar de ganar vamos a perder (…) Que la presidenta se involucre para que todas las demás instituciones ahora sí trabajen, pero que a los ciudadanos no los dejen fuera”.

Propuso involucrar a los ciudadanos desde el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en materia anticorrupción y que haya campañas permanentes y acuerdos entre las instituciones de combate a la corrupción; una especie de “cruzada”, un “pacto nacional anticorrupción” en el que participen “todas las fuerzas políticas” del país.

“Eso sería muy importante porque estaría incluyendo a todos y no nada más a una parte”.

Para Talavera Torres, se necesita “fortalecer” el SNA, que es “complejo, grande” y tiene, a diez años de su creación, “más de 1,850 buenas prácticas generadas desde los sistemas estatales y municipales anticorrupción”.

Su estructura, explicó, la integran “muchísimas personas, muchísimas instituciones, muchísimos colegiados; si nada más contamos lo estatal y lo nacional son más de 165 órganos colegiados”, lo que complica el acuerdo y de ahí que hace falta su fortalecimiento, vía la “participación ciudadana y el involucramiento del Ejecutivo federal de forma más activa”.

El senador Barreda precisó que ante la comisión de trabajo que preside se han presentado siete iniciativas que están en análisis en materia de transparencia y “diversos asuntos” en materia anticorrupción, principalmente para enmendar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otras.

Más de una década de historia

  • Mayo 2015. Se promulgó la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para coordinar la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y actos de corrupción.
  • Julio 2016. El Ejecutivo promulgó las leyes secundarias del SNA, se destaca la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
  • Enero 2017. La Comisión de Selección designó a los primeros cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), encargado de presidir el Sistema y vincular la sociedad civil.
  • Julio 2017. Entró en vigor las leyes secundarias del SNA y se instaló formalmente su Comité Coordinador federal, inició oficialmente sus operaciones.
  • Enero 2020. El Comité Coordinador aprobó la Política Nacional Anticorrupción (PNA), instrumento estratégico para establecer prioridades y ejes en el combate a la impunidad.
  • Abril 2023. El Ejecutivo presentó una iniciativa para extinguir la Secretaría Ejecutiva del SNA y transferir sus facultades técnicas a la Secretaría de la Función Pública.
  • Julio 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en el periodo ordinario de sesiones de septiembre, del Congreso federal, presentará un paquete de reformas anticorrupción.

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