SCJN e IP: diálogo y certeza jurídica

La Corte abrió la puerta al diálogo con la iniciativa privada y ofreció certeza jurídica.

La máxima autoridad del poder judicial decidió dar un paso fundamental en la dirección correcta: la apertura con el empresariado, con los banqueros y los inversionistas.

La premisa fundamental es garantizar el cumplimiento de la ley y generar confianza en el entorno económico.

No es sólo una intención o una declaración más. Por lo visto, se trata de una acción concreta que permitirá el diálogo permanente entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los empresarios.

Se registra a poco más de un año de constituída la nueva Corte.

Aquella que fuera integrada mediante la primera y muy cuestionada elección judicial realizada en junio del 2025, producto de la Reforma Judicial aprobada en 2024. Ésta generó una oleada de incertidumbre y escándalo por los “acordeones” con los que se “orientó” el voto.

Entonces, se advirtió, de la politización de la justicia, la pérdida de independencia judicial, la cuestionable profesionalización y la falta de certeza jurídica para inversiones. En su momento, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó la Reforma Judicial por trastocar los contrapesos democráticos.

La Coparmex, encabezada, en ese tiempo, por José Medina Mora, con la posición más crítica acusó que se vulneraba el Estado de Derecho y se ponía en riesgo el futuro económico.

En general, organizaciones empresariales y organizaciones de análisis especializado no gubernamentales coincidieron en los riesgos por la Reforma Judicial y la nueva integración de la Corte.

Con el tiempo, las organizaciones empresariales han venido cambiando sus críticas, por comentarios moderados sobre la SCJN.

En este contexto es en el que se está abriendo éste nuevo capítulo, de acercamiento entre las partes.

Desde la Corte, para generar confianza, respecto a su actuación y desde la iniciativa, en la búsqueda del diálogo y garantía del respeto al Estado de Derecho.

Por iniciativa del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, se creó un mecanismo permanente de diálogo, vinculación y formación especializada con los sectores económicos del país.

La intención es fortalecer la confianza en las instituciones de justicia y contribuir a un entorno de certeza jurídica.

Previo al anuncio del mecanismo de diálogo, durante meses, el presidente de la Corte, sostuvo encuentros con representantes de sectores empresariales.

Incluso tuvo una reunión privada (mayo 2026) con Carlos Slim Helú y Arturo Elías Ayub en la SCJN, centrada en certeza jurídica, inversión y fortalecimiento de canales de comunicación.

El pasado 26 de octubre, el presidente de la Corte se reunió con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza; el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano; la presidenta del Consejo Farmacéutico Mexicano y Sofía Pérez Gasque Muslera, directora general del Consejo de Empresas Globales.

Por parte, de la SCJN asistieron a la reunión el presidente del órgano de administración judicial, Néstor Vargas Solano, la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya García; las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Sara Irene Herrerías Guerra y los ministros Arístides Rodrigo Guerrero García e Irving Espinosa Betanzo.

Aguilar Ortiz conminó al sector empresarial a confiar en la nueva integración del pleno de la Corte y en el Poder Judicial de la Federación. El mecanismo de diálogo ya está dispuesto. Ojalá que la voluntad de las partes, derive en un mayor volúmen de inversiones. Veremos.

Atisbos

Una década de colusión y simulación para vender 40% más caro completaron 9 empresas. Defraudaron al gobierno, en compras de tecnología a 12 instituciones públicas.

La Comisión Antimonopolio investigó, comprobó el delito y sancionó con 67 millones de pesos a las empresas y directivos involucrados. Incurrieron en prácticas monopólicas absolutas.

Durante 10 años, coordinaron sus ofertas en procedimientos de contratación con doce instituciones públicas, entre ellas el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Conagua, el Fovissste y Fonatur.

Estas nueve empresas –dedicadas a los servicios de tecnologías de la información, tales como compra o arrendamiento de computadoras, impresoras o equipo de telecomunicaciones–, acordaron qué precios ofrecer y quién participaría en cada procedimiento, presentando ofertas que parecían independientes.

La lista de empresas que se coludieron, son: Soluciones Tecnológicas Especializadas; Ofi Store; Factoría de TI; Altum Tecnologic; Distribuidora y Comercializadora Bossanova; Ofiequipos P.C.; Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones; DSTI México; e Ingeniería de Cómputo y Aplicaciones.