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Con la salud no se juega
Lucía Melgar | Transmutaciones
El derecho a la salud ha sido en México un derecho limitado o negado largo tiempo. Aunque algunos gobiernos buscaron reducir en los hechos las desigualdades y rezagos de los servicios de salud, nunca resolvieron el problema estructural que, según el reciente reporte académico “Salud Quebrada”, consiste en la fragmentación de la Salud y la Seguridad Social en dos sistemas básicos (contributivo y no contributivo) a los que se añaden peculiaridades locales en 8 estados. Aunque ya lo han comentado en este diario colegas especialistas en Salud, dada la dimensión de la problemática y sus efectos en la sociedad mexicana vale la pena retomar este valioso estudio, resultado de cuatro años de investigación.
Los hallazgos centrales de esta investigación colectiva sobre el periodo 2000-2025 desnudan una realidad dolorosa que la población que ha recurrido a los servicios públicos en los últimos ocho años por lo menos, ha soportado con estoicismo o desesperación o enfrentado con pragmatismo y altos riegos al recurrir a servicios privados que pueden conllevar gastos catastróficos, o decidir no tratarse cuando el costo es inalcanzable. Aunque sean fríos, los datos de este Informe dan forma colectiva, realidad social, a múltiples experiencias personales: el gasto insuficiente en servicios de salud, la desigualdad de inversión en los sistemas, la reducción de población cubierta por el sistema no contributivo al desaparecer el Seguro Popular, en un largo periodo que va de 2018 a 2026, y el consiguiente aumento de gastos de bolsillo.
Estos datos generales y cifras específicas, como la mínima inversión en salud , inferior a estándares internacionales, explica, en parte al menos que muchas personas enfermas (que dependen del sistema de salud pública) constaten que falta personal capacitado para atender la demanda y que, además de precarización (como enuncia el informe) este personal a menudo sufre explotación, con bajos salarios, largas jornadas, condiciones extenuantes y hasta la frustración de carecer de material de curación, por decir lo menos. La limitación de recursos y la descoordinación entre sistemas que sugiere el Informe confirma lo que ve y padece la población: la falta de hospitales que atiendan partos complejos, la falta de medicamentos para el cáncer que llevan a interrumpir o no completar tratamientos imprescindibles, la existencia de equipos radiológicos inservibles denunciada en hospitales públicos de la CDMX en años recientes, por solo dar algunos ejemplos.
Aunque, desde mi perspectiva, suaviza su diagnóstico con el lenguaje optimista propio de ciertas ONG y Academia que prefieren hablar de “ventanas de oportunidad” que de “fallas” u obstáculos, el Informe deja en claro que la cobertura integral que supuestamente ofrecería el Servicio Universal de Salud (promovido por el actual gobierno como la panacea) “sólo podrá alcanzarse si se establece una estrategia de Estado de largo plazo, sustentada en un pacto nacional” que permita aumentar significativamente el presupuesto. Es decir, si el gobierno trata como asunto prioritario el derecho a la salud, si invierte mucho más y mucho mejor, para intentar alcanzar el 6% del PIB que permitiría acercarse a una verdadera cobertura equitativa universal. A esta premisa podríamos añadir condiciones como acabar con la corrupción en el sector público, mejorar las condiciones del personal de salud en todos los niveles, evitar el caos normalizado en los últimos sexenios denunciado como fallas de distribución, falta de planeación y opacidad en las licitaciones. Añadamos también la urgencia de ocuparse de la salud mental de la población como parte integrante del derecho a la salud.
Si hacer realidad el derecho a la salud física y mental para todos exige cambiar a funcionarios impuestos por la administración pasada y reconocer fallas graves, mal haría la presidenta en ignorar una demanda social tan real y sentida. No hay “bienestar” sin salud, ni puede hacerse accesible a todos/as la salud de calidad si no se invierte prioritariamente en ella. La salud no se garantiza por decreto.