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La regulación de los chatbots
Iniciativa propone atención humana accesible en servicios automatizados, con posibles sanciones elevadas
Diana N. Ronquillo | Pendiente Resbaladiza
Este martes se publicó en la Gaceta del Senado una iniciativa presentada por la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista, para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, específicamente por lo que hace a la atención que algunos proveedores ofrecen a sus clientes por medio de sistemas automatizados, sin la intervención simultánea y directa de una persona física.
Aunque el texto completo de la iniciativa no puede visualizarse en la versión electrónica de la Gaceta, por lo menos al momento de redacción de esta colaboración, de acuerdo con la sinopsis oficial, la reforma busca regular a esos proveedores que han reemplazado ya el primer nivel de atención a consumidores mediante la implementación de los llamados chatbots, o asistentes virtuales. La iniciativa busca principalmente que los proveedores queden obligados a mantener disponible, de forma visible y accesible, una opción para solicitar atención por una persona capacitada, sin obligar al consumidor a recorrer menús repetitivos, reiniciar la interacción o proporcionar información que no resulte necesaria.
La verdad es que, desde mi punto de vista, la iniciativa en efecto proviene de un problema real en nuestro país. ¿Quién de nosotros no se ha desesperado tratando de presentar una queja, reclamación, o cancelar un servicio a través de un chatbot que convenientemente nunca ofrece opciones que puedan poner al proveedor en desventaja? ¿Cuántas veces no nos hemos perdido en laberintos de menús con opciones limitadas, ya sea en chats o conmutadores telefónicos, que nos obligan a elegir opciones que no son aplicables a nuestro caso, con tal de acceder a la atención de una persona física que nos pueda escuchar?
Desde ese punto de vista, me parece que la senadora Corona está abordando una necesidad con la que muchos consumidores se pueden identificar. No obstante, considero que la regulación general de sistemas automatizados para atender a los clientes debe hacerse, como toda regulación, con base en un análisis y diagnóstico preciso del problema, y cuidando la proporcionalidad del impacto de la regulación, particularmente si ésta podría afectar la implementación de tecnologías nuevas en México, como la inteligencia artificial, o representar una carga desproporcionada para los proveedores.
Me refiero, de manera concreta, a dos elementos que se observan en la sinopsis oficial de la iniciativa. El primero de ellos es que la iniciativa parece obligar a los proveedores a ofrecer la atención de una persona física desde el inicio de la interacción con el usuario. En mi opinión, el problema de la atención de consumidores por medio de chatbots, no se reduce simplemente a la falta de disponibilidad inmediata de un humano. Desde mi punto de vista, un chatbot puede ser muy eficiente, si su menú se diseña de forma que permita al usuario acceder a opciones de quejas, reclamos o cancelaciones, incluso si éstas no son convenientes para el proveedor. Dicho de otra forma, el problema no es que los chatbots, o la IA que los opera sean ineficientes, sino que muchos proveedores los diseñan o programan de forma que impidan o dificulten la presentación de quejas o cancelaciones de compras o servicios, probablemente con la intención expresa de desincentivarlas.
En ese sentido, me parece que la obligación de tener personas físicas disponibles en todo momento para prestar atención al cliente, podría implicar una carga innecesaria o desproporcionada para los proveedores, y frenar los beneficios que el uso de la IA ofrece para las empresas. En su lugar, podría obligarse a los proveedores a incluir en su menú inicial automatizado, las opciones de quejas o cancelaciones.
Por otra parte, aunque no se puede acceder hasta este momento al texto integral de la iniciativa, de su propio título se advierte que se propone modificar el artículo 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prevé la imposición de multas de hasta $4´274,960.73. Si la intención de la reforma es sancionar esta práctica con ese monto, la regulación resultaría desproporcionada, considerando que también se aplicaría a empresas pequeñas.