El país que nos devolvió el Inegi

Cada cinco años México se toma una fotografía de cuerpo entero, y vale la pena verla con calma antes de opinar. La Encuesta Intercensal 2025 —7.3 millones de viviendas visitadas entre octubre y noviembre del año pasado— acaba de entregarnos ese retrato. Hay en él tendencias que veníamos viendo venir y dos heridas que en México nunca se habían medido así. Empiezo por las primeras, que explican el país de los próximos treinta años.

Somos 130.9 millones de mexicanos y seguimos siendo el país número 11 del mundo por población. Pero crecemos al 0.7% anual, el ritmo más bajo desde 1990. La edad mediana pasó de 29 a 32 años en un solo quinquenio: envejecimos tres años en cinco. Y el dato que amarra todo: 1.9 hijos por mujer, ya por debajo del nivel de reemplazo, que es 2.1.

Deténgase ahí, porque ese número no es demografía: es presupuesto. Un país que no llega al reemplazo tendrá cada año menos trabajadores activos sosteniendo a más adultos mayores. El bono demográfico del que tanto presumimos se está cerrando mientras discutimos otras cosas. Las pensiones y el sistema de salud de 2050 se están decidiendo con los nacimientos de hoy, y nadie hace campaña con eso porque los resultados se ven cuando quien lo decidió ya no está en la boleta. Lo urgente le gana siempre a lo importante.

Ahora, las dos heridas nuevas.

La primera es el desplazamiento forzado. Entre 2020 y 2025, 509.9 mil hogares — que alcanzan a 1.6 millones de personas— tuvieron que dejar su lugar de residencia por violencia o inseguridad, y otros 151.9 mil hogares por catástrofes. Es la primera vez que el país tiene una medición de este tamaño sobre algo que llevábamos años discutiendo a partir de estimaciones de organizaciones civiles y notas periodísticas.

Vea el mapa: Zacatecas 2.2% de sus hogares, Morelos 2.1%, y luego Querétaro, Michoacán y Colima empatados en 2%. Querétaro, uno de los estados mejor evaluados en percepción de seguridad (Querétaro), empatado con Michoacán en hogares que se fueron por violencia. Ese es el tipo de hallazgo por el que sirve medir, rompe la narrativa cómoda de los dos lados. Y ojo, con la precisión que los encuestadores estamos obligados a hacer: son datos de encuesta, sujetos a intervalos de confianza, y una diferencia de décimas entre estados puede no ser real. Lo que sí es real es el orden de magnitud: un millón 600,000 personas.

La segunda herida es el hambre. En los tres meses previos al levantamiento, 3.8 millones de hogares con niños tuvieron alguna restricción alimentaria por falta de dinero. En 55.1% de ellos comieron con poca variedad; en 37.7% comieron menos; en 19.2% —unos 730,000 hogares— un niño o un adolescente se fue a dormir con hambre.

Y aquí viene el contraste que va a dominar la discusión política, así que conviene plantearlo bien antes de que lo planteen mal. El 41.4% de los hogares recibe hoy dinero de programas de gobierno; en 2020 era el 25%. Sumando pensiones y remesas, la mitad de los hogares del país —50.1%— vive con algún ingreso que no viene del trabajo, y los programas pesan ya casi nueve veces más que las remesas en número de hogares. Es la transformación social más grande de los últimos años y está medida.

La pregunta obligada es cómo conviven cuatro de cada 10 hogares con apoyo y 730,000 hogares con un niño que se durmió con hambre. La oposición dirá que los programas no sirven; el gobierno, que sin ellos estaríamos peor. Mi respuesta no satisface a ninguno: ninguna de esas dos frases es análisis, son consignas. Lo que sí puede decirse con los datos en la mano es que la transferencia monetaria llegó a una escala inédita y que, aun así, persiste un núcleo duro de carencia alimentaria. La pregunta buena no es si los programas sirven; es quiénes son esos hogares, si reciben programa o no, y por qué el dinero no se traduce en comida. Eso se investiga, no se grita.

Hay otro dato que me parece el mejor resumen del México de hoy: el 94.5% de los hogares tiene celular. Más que los que tienen televisión (89.5%) y más —esto es lo que hay que subrayar— que los que tienen agua dentro de la vivienda (82.4%). El Internet en casa brincó de 54% a 76% en cinco años. Es más probable que una familia esté conectada a que tenga agua en su llave. Esa es la definición más exacta que conozco del México desigual: no un país atrasado, sino uno que avanzó rapidísimo en unas cosas y no se movió en otras.

Y una más, que debería estar en primera plana y pasó casi desapercibida: la emigración a otro país creció 57%, de 803,000 a 1.26 millones de personas, siete de cada 10 son hombres, y el retorno bajó. Ocurrió justo en los años de la política migratoria más dura de EU. Se van más y regresan menos, mientras allá los persiguen más. Ese dato solo merece una investigación completa.

Cierro con lo que más me importa de todo esto, y no es ningún número.

Estos datos incomodan. El desplazamiento incomoda al gobierno federal y a los gobernadores que encabezan la lista, sean del partido que sean. El hambre incomoda a quien presume la política social. La emigración incomoda al discurso de que ya nadie se quiere ir. Y aun así, el Inegi los publicó. La presidenta anunció que se reuniría con el instituto para revisar el dato de desplazamiento, y está en su derecho de preguntar y de discutir la metodología; lo grave —para ella, para el próximo gobierno y para todos— sería que la discusión terminara en dejar de medir.

Un país que mide sus heridas puede atenderlas. Un país que deja de medirlas no las cura: nada más deja de verlas. Y luego se entera de todos modos, pero tarde y por la vía cara. Hasta hoy, el Inegi ha hecho su trabajo. Ojalá el resto del sistema haga el suyo, que no es cuestionar la fotografía: es cambiar lo que sale en ella.