¿Quién paga por la salud mental?

Hay preguntas que parecen sencillas hasta que se intenta responderlas. ¿Quién paga por una terapia psicológica cuando una persona la necesita?

La primera respuesta suele ser evidente: la persona que la recibe. Pero cuando una familia enfrenta varios meses de tratamiento, cuando una adolescente necesita atención especializada o cuando una crisis emocional se convierte en un problema de salud que requiere seguimiento, la respuesta deja de ser tan sencilla.

En México, la mayor parte de ese costo termina recayendo sobre las personas y sus familias.

El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a los servicios de salud, incluida la salud mental. La propia Ley General de Salud reconoce la atención a la salud mental como parte de los servicios que deben proporcionarse a la población. Sin embargo, entre reconocer un derecho y garantizar que exista un servicio disponible, oportuno y suficiente existe una distancia considerable.

Y esa distancia tiene un precio.

En nuestro país, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 destina aproximadamente el 1.5% del gasto de la Secretaría de Salud e IMSS-Bienestar a la salud mental y prevención de adicciones, lo que representa un recorte del 13.8% frente a lo ejercido en 2024, quedando muy por debajo del 5% recomendado por la OMS.

También existe una brecha de personas especialistas.

De acuerdo con información oficial, existen más de 350,000 profesionales de la psicología, lo que equivale a una tasa general de unos 44 psicólogos por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, en el sector público de salud la cifra baja de forma drástica a solo entre 1.4 y 6.6 especialistas por cada 100,000 personas.

Más allá de los datos duros, el problema no consiste solamente en cuántos profesionales existen. También importa dónde están, cuánto tiempo puede esperar una persona para recibir atención y qué sucede cuando necesita continuar un tratamiento durante meses.

Entonces aparece una segunda pregunta: si el sistema público no tiene capacidad suficiente, ¿quién cubre la diferencia? Durante años, la respuesta también ha sido la familia.

Una madre que paga las sesiones de su hija. Una pareja que busca un especialista para atender una crisis. Un joven que decide endeudarse porque considera que ya no puede continuar sin ayuda. Una familia que reduce otros gastos para mantener un tratamiento

Cada una de esas decisiones parece individual, pero cuando se multiplican por millones, dejan de serlo.

Por otro lado, también está el sector asegurador. En teoría, un seguro de gastos médicos debería funcionar como una herramienta de protección financiera frente a una enfermedad. En la práctica, las coberturas relacionadas con salud mental dependen del producto contratado y de sus condiciones específicas; existen pólizas que contemplan asistencia psicológica, pero no puede asumirse que cualquier seguro de gastos médicos cubra de manera amplia y continua la atención psicológica.

Precisamente en 2025 llegaron al Congreso iniciativas para establecer de manera expresa la obligación de que los seguros de salud incluyan cobertura de salud mental, con consultas psicológicas y psiquiátricas, medicamentos y hospitalización. Que haya sido necesario plantear una reforma de este tipo revela que el acceso todavía tiene zonas grises importantes.

Y aquí aparece una oportunidad enorme para las empresas.

Durante mucho tiempo, el bienestar emocional dentro de una organización se entendió como una prestación adicional: una línea telefónica, algunas sesiones al año o una campaña durante el mes de la salud mental. Hoy esa lógica resulta insuficiente.

Una empresa puede convertirse en un punto de acceso real a la atención psicológica para sus colaboradores y sus familias. También puede incorporar la salud mental como parte de sus estrategias de prevención, permanencia laboral, seguridad, liderazgo y productividad.

No se trata de trasladar al sector privado una responsabilidad que corresponde al Estado. Se trata de reconocer que la salud mental necesita un ecosistema de financiamiento mucho más amplio.

Gobiernos, empresas, aseguradoras, universidades, organizaciones sociales y familias tienen capacidades distintas. El problema aparece cuando ninguno alcanza por sí solo y, en medio de esa fragmentación, la persona termina pagando la totalidad de la factura.

Porque la factura no llega solamente cuando alguien se sienta frente a un psicólogo. También llega cuando una persona abandona sus estudios, pierde un empleo, deja de relacionarse con otras personas, necesita una hospitalización o atraviesa una crisis que pudo haberse atendido meses antes. El costo de no atender la salud mental también existe, aunque rara vez aparezca en un recibo.

Por eso considero que la conversación sobre acceso tiene que cambiar. Ya no basta con preguntarnos cuántas personas necesitan terapia. Tenemos que preguntarnos quién puede pagarla, quién puede acceder a ella a tiempo y qué mecanismos existen para que una familia no tenga que elegir entre atender la salud mental de uno de sus integrantes y cubrir otras necesidades básicas.

La salud mental no puede convertirse en un privilegio reservado para quien tiene dinero, tiempo o una póliza con las coberturas adecuadas.

Si aceptamos que la salud mental forma parte de la salud, entonces también tenemos que aceptar que su financiamiento requiere la misma seriedad. Al final, la pregunta sigue siendo sencilla: ¿quién paga por la salud mental?

Hoy, demasiadas veces, la respuesta es una persona que ya está pagando el precio de no haber recibido ayuda a tiempo.

*La autora es especialista en políticas públicas para juventudes y salud emocional. Creadora del Hospital de las Emociones de la Ciudad de México.