La ley que la sociedad ya aprobó

En el Congreso federal y en los congresos locales se acumulan iniciativas para poner edad mínima al uso de redes sociales. Unas fijan el límite en 13 años, otras en 14, en 15 o en 16; unas exigen consentimiento verificable de los padres, otras controles parentales obligatorios para las plataformas. El gobierno federal ha dicho que antes de legislar quiere abrir un debate público. Es un debate legítimo. Lo que muestran nuestros números es que, mientras los legisladores discuten, la sociedad mexicana ya tomó posición, y con una claridad que pocas veces se ve en temas nuevos.

Empiezo por el dato central: 73% de los mexicanos apoyaría prohibir las redes sociales a los menores de 15 años. No es una mayoría estrecha ni la opinión de un segmento: es casi tres de cada cuatro. Y no somos un caso aparte, porque en Francia, donde ese límite ya quedó establecido por ley, el apoyo es de 77 por ciento. Cuando dos sociedades tan distintas coinciden en un porcentaje casi idéntico, lo que se mide no es una moda nacional, sino una preocupación de época.

El respaldo crece cuando la pregunta se aleja de la prohibición total y se acerca a la protección. Tres de cada cuatro mexicanos (75%) prohibirían la publicidad dirigida a menores en redes sociales —86% en Francia— y 91% exigiría que las plataformas mostraran advertencias sobre los riesgos del uso excesivo de las redes. Ese 91% merece subrayarse por dos razones. La primera es que en México es más alto que en Francia (donde llega a 78%); somos más exigentes que quienes ya legislaron. La segunda es que un 91% significa que la respuesta atraviesa edades, escolaridades, niveles socioeconómicos y preferencias partidistas. Es de los pocos temas donde el país entero contesta lo mismo.

La edad también encuentra consenso: 80% considera que las redes deberían usarse a partir de los 15 años. Ahí está el matiz que se pierde en el pleito público: la mayoría no quiere desaparecerlas ni las cree incompatibles con la adolescencia; quiere retrasar la entrada hasta una etapa en la que el usuario tenga más herramientas para defenderse de ellas. No es un impulso prohibicionista, es una discusión sobre el momento adecuado.

Y el límite no se detiene en la pantalla del teléfono: llega al salón de clases. El 78% prohibiría los celulares dentro de las escuelas. Ese número se explica por lo que la gente cree que está ocurriendo: 62% considera que las redes sociales afectan el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, y 83% piensa que perjudican su concentración y su desarrollo. Conviene ser preciso: la encuesta no mide efectos, mide percepciones. Pero cuando ocho de cada diez adultos perciben un daño en el desarrollo de los menores, esa percepción se vuelve un hecho político por sí misma, más allá de lo que termine estableciendo la evidencia científica.

Ahora el hallazgo que a mí me parece el más interesante, y el que debería leer con más atención quien esté redactando una iniciativa. Después de pedir que el Estado ponga edades mínimas, que las escuelas retiren los celulares y que las plataformas adviertan de los riesgos, 94% dice que la responsabilidad principal de controlar el acceso de los menores a las redes corresponde a los padres de familia. Apenas 2% señala al gobierno y 4% a las plataformas.

Ese contraste no es una contradicción; es una jerarquía. Los mexicanos piden reglas más firmes, pero no entregan el problema: quieren que la ley y las empresas hagan su parte —los límites, las advertencias, los controles— y al mismo tiempo asumen que la vigilancia diaria no se delega. Es una posición más sofisticada de lo que se supone cuando se dice, con ligereza, que "la gente quiere que el gobierno resuelva todo". En este tema, no lo está pidiendo.

De ahí se desprende una lectura para quienes legislan. Una ley que se limite a fijar una edad y presuma haber protegido a la infancia va a chocar con el 94%: la sociedad no cree que el problema se resuelva desde la ley. Una ley que en cambio dé herramientas a los padres —verificación de edad que funcione, controles parentales gratuitos y usables, advertencias visibles, límites a la publicidad dirigida— va montada sobre el consenso. El respaldo mayor no está en prohibir, está en obligar a las plataformas a facilitarle la tarea a quien la sociedad ya identificó como responsable.

Termino con lo que estos números permiten y no permiten decir. No permiten afirmar que la prohibición funcionaría; ninguna encuesta mide eso. Sí permiten afirmar que la discusión sobre si las redes forman parte de la vida de los menores está resuelta, y que la discusión abierta es otra: desde qué edad, con qué reglas y quién responde. En esas tres preguntas la mayoría mexicana ya contestó. Falta ver si la ley que se escriba se parece a lo que la sociedad respondió.