Ley de pagos digitales versus el efectivo

México tiene una de las infraestructuras de pagos más avanzada de América Latina. El sistema SPEI opera 24 horas, 365 días al año. CoDi y DiMo, aunque menos conocidos y utilizados, existen desde 2019. El 86% de la población usa Internet y 97% de quienes se conectan lo hace desde un celular. Sin embargo, apenas 41.4% de los adultos usa pagos digitales, frente a 59% en América Latina y el Caribe. El 95% de la población adulta usa dinero en efectivo.

Esa es la paradoja que la presidenta Claudia Sheinbaum intenta resolver con la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, enviada a la Cámara de Diputados como parte del Paquete Económico 2027.

La iniciativa no crea infraestructura nueva, reconoce la existente y busca corregir una brecha de adopción. El diagnóstico es que entre 2021 y 2024, el uso consuetudinario de efectivo para compras de 500 pesos o menos apenas disminuyó de 90.1% a 85.2%, es decir, sigue siendo la forma de pago predominante.

Las transferencias electrónicas y por aplicaciones móviles subieron de 1.6% a 4.4%. La propuesta señala que la brecha no está en la infraestructura de pagos sino en la adopción.

El proyecto es un marco legal breve. Reconoce la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos para contratar servicios financieros a distancia.

Otorga al Banco de México y a la CNBV nuevas facultades sobre la aceptación en el punto de venta. Autoriza a la Secretaría de Hacienda para designar sectores estratégicos donde los pagos digitales sean la única forma aceptada. No contiene sanciones, no fija fechas, no nombra sectores. Esos elementos quedan para la regulación secundaria, que deberá emitirse en plazos breves después de la entrada en vigor de la ley.

México lleva más de 10 años con las herramientas técnicas para digitalizar los pagos. SPEI arrancó en 2004. CoDi en 2019. DiMo en 2021. Sin embargo, la adopción masiva no ha llegado. El gobierno federal no asumió el liderazgo que otros países ejercieron con más determinación. Mientras Brasil lanzó Pix en 2020 y en 5 años alcanzó 93% de la población adulta, México dejó que CoDi languideciera concentrado en usuarios de mayores ingresos.

Brasil masificó Pix con llaves simples, experiencia homogénea y participación obligatoria de grandes instituciones. India transformó UPI en el sistema de pagos en tiempo real más grande del mundo con más de 500 millones de usuarios únicos, gracias a una arquitectura abierta, interoperabilidad y códigos QR extendidos por todo el comercio.

China alcanzó una penetración digital de 89% en punto de venta con las aplicaciones Alipay y WeChat Pay, pero ese resultado tomó 10 años y surgió del sector privado, no de un mandato legal. Pagar en China es de lo más sencillo y todo se hace con el teléfono.

Kenia superó a México en adopción con M-Pesa, pese a tener un nivel de desarrollo menor. De hecho, África es pionera de la inclusión digital financiera móvil. Costa Rica logró una adopción masiva con Sinpe Móvil mediante bajos costos, efectos de red y campañas de divulgación tempranas.

Las condiciones para que una ley de pagos digitales funcione en México son costo cero para el usuario y el comercio. La gratuidad fue el detonador de Pix, UPI y Sinpe Móvil.

Interoperabilidad real y total entre CoDi, DiMo, SPEI y las billeteras privadas. La fragmentación actual obliga al usuario a elegir entre sistemas que no se hablan entre sí.

Confianza en las plataformas y el sistema bancario. La desconfianza, el miedo al fraude y la baja alfabetización digital siguen siendo los principales obstáculos de la inclusión financiera móvil. Sin campañas masivas de educación financiera y sin protección efectiva al consumidor, la ley será letra muerta.

Digitalizar los pagos reduce costos de transacción, amplía el acceso al crédito, combate la informalidad y mejora la recaudación.

La economía informal representa 25.4% del PIB. 63% de los adultos no tiene crédito formal. El historial transaccional que genera un pago digital puede convertirse en la puerta de entrada al sistema financiero para millones de personas y pequeños negocios.

Pero una ley no construye confianza ni cambia hábitos arraigados por decreto. La iniciativa deja los sectores obligados, las sanciones, los plazos y los incentivos en manos de la regulación secundaria. La experiencia internacional demuestra que el éxito depende de la ejecución, no del marco legal. Brasil y China no triunfaron por tener una ley, sino porque el Estado coordinó, subsidió, educó y obligó a los grandes jugadores a participar.

México llega movido por la inercia de una digitalización de los servicios financieros, pero sin una política de inclusión financiera digital. La iniciativa de ley es el empuje que necesita darle el gobierno a algunos sectores productivos para erradicar el efectivo y recaudar más impuestos, sin erradicar todavía los costos de transacción, sin eliminar las barreras técnicas y sin construir la confianza que requiere un sistema de pagos digitales masivamente adoptado.

X: @beltmondi