Cuando la impunidad se disfraza de tolerancia

La falta de percepción de un Estado capaz de salvaguardar los derechos de las personas es uno de los lastres para que el país pueda recuperar su desarrollo económico.

Proteger la vida, la integridad, la movilidad y el patrimonio es una obligación del Estado bajo la facultad de hacer cumplir las leyes, no como un privilegio de dominación, sino como un deber constitucional al que no se puede renunciar para garantizar la convivencia pacífica y el desarrollo de la sociedad.

Sin embargo, en el debate público ha ganado fuerza una narrativa que equipara el cumplimiento de la ley con la intolerancia y la renuncia a mantener el orden como sinónimo de permisividad democrática. Por el contrario, si se crean vacíos de autoridad, éstos se llenan con expresiones delictivas o grupos de presión que operan al margen de cualquier contrapeso verdaderamente democrático.

El régimen hace ver como un insulto que se pida certidumbre institucional, que se haga del cumplimiento de las reglas el punto de partida para la productividad y la inversión. Cuando se paralizan las calles y carreteras, cuando el comercio formal sufre extorsiones o vandalismo, o cuando una manifestación legítima es suplantada por agresores sistemáticos, los efectos no son abstractos. Se traducen en pérdida de empleos, en el encarecimiento de insumos básicos, en el quiebre de pequeños patrimonios familiares y en un deterioro continuo de la competitividad.

Asumir que la inacción estatal protege los derechos de las personas constituye una contradicción insostenible, porque son el crimen organizado y los grupos radicales quienes aprovechan esa parálisis para vulnerar las libertades civiles más elementales, usando de escudo la inacción institucional.

Un modelo institucional eficiente y que garantice los derechos colectivos no requiere de excesos ni de actuaciones desproporcionadas, sino de una aplicación oportuna y firme del marco institucional con respeto a las leyes.

Defender la vigencia de la ley y su aplicación no es atentar contra la libertad de manifestación, ni es un llamado a la confrontación, ni se trata de una postura de radicales de ultraderecha; es la única vía práctica para asegurar que la economía funcione, las instituciones permanezcan y los derechos de todos los ciudadanos –a la libre manifestación y a libre tránsito– sean resguardados ante cualquier arbitrariedad.

Las omisiones del Estado pueden parecer inocuas en términos electorales –que es la preocupación básica del régimen– porque nadie les puede llamar represores; pero los costos que caen de manera desproporcionada sobre una mayoría silenciosa que sostiene la vida económica del país acabarán por revertirse en ese terreno electoral que tanto les importa.

Porque son los trabajadores que no saben si un bloqueo les permitirá llegar a su destino; son los pequeños comerciantes que ven amenazado su sustento por el vandalismo o el cobro de piso; son las verdaderas causas sociales secuestradas por grupos violentos que imponen su narrativa sobre los problemas reales; son, pues, las familias que aprenden a vivir con la zozobra cotidiana.

Convertir la omisión institucional en una supuesta virtud política no solo erosiona el tejido social, sino que transfiere el costo del desorden a quienes menos recursos tienen para defenderse.

Recuperar el sentido social del orden legal no es un capricho ideológico de derecha, sino un requisito técnico para la supervivencia económica y la paz ciudadana.