El frío no puede encontrarnos a ciegas

"Los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego"

Cada año pasa lo mismo. Baja la temperatura, empiezan los estornudos en la oficina y en la escuela, y México vuelve a toparse con una realidad que las autoridades de salud siguen sin querer atender a tiempo: las infecciones respiratorias agudas no son un simple achaque de temporada. Para miles de familias —y en particular para niñas y niños con cáncer, trasplantados, con enfermedades autoinmunes o bajo tratamientos que debilitan sus defensas— una influenza, un COVID-19 o un virus sincicial respiratorio pueden significar hospitalización, un tratamiento interrumpido o, en el peor de los casos, la muerte. Y lo más indignante es que buena parte de esto pudo haberse evitado.

Lo he dicho en tribuna y lo repito aquí: no es falta de recursos, sino falta de voluntad para ejercerlos. Año con año hemos documentado el subejercicio en el presupuesto destinado a vacunación: dinero etiquetado que debió traducirse en dosis aplicadas, en una cadena de frío funcionando, en campañas oportunas, y que, en cambio, se queda subejercido mientras la Secretaría de Salud presume cifras en conferencia de prensa. No hablamos de falta de dinero: hablamos de un gobierno incapaz de gastar lo ya aprobado para proteger a la niñez mexicana. Eso no es un tecnicismo contable, es una decisión política con consecuencias en camas de terapia intensiva.

El problema es doble y ambos frentes están abandonados. Necesitamos proteger mejor a la población frente a los virus respiratorios, sí. Pero también seguimos sin algo tan básico como saber, con precisión y a tiempo, quién está vacunado, qué dosis recibió, cuándo le toca un refuerzo y qué niñas y niños siguen desprotegidos. Estamos en pleno siglo XXI y todavía enfrentamos una emergencia de salud pública con registros incompletos, cartillas de papel que se pierden o se mojan, y datos que ni siquiera se comparten entre las distintas instituciones de salud. Eso no es fatalidad, es negligencia administrativa que se repite cada año sin que nadie rinda cuentas.

Un artículo reciente publicado en Pediatrics lo pone en blanco y negro: los niños inmunocomprometidos —receptores de trasplante, pacientes en quimioterapia, quienes reciben terapias biológicas o tratamientos CAR-T— tienen un riesgo mucho mayor de enfermar gravemente por influenza, SARS-CoV-2 o virus sincicial respiratorio (VSR). No hablamos de un grupo marginal, sino de niños cuya vida depende ya de tratamientos cada vez más sofisticados, mientras el Estado que debería protegerlos deja sin presupuesto la vacunación.

La evidencia no deja mucho margen para la duda ni para la indolencia. En menores trasplantados, la influenza se asocia con neumonía, ingresos en terapia intensiva, coinfecciones bacterianas y mayor mortalidad. Entre niños con trasplante de células hematopoyéticas, la influenza explicó el 11% de las hospitalizaciones por infecciones respiratorias virales, con una mortalidad de entre el 10% y el 15%. Y entre los pacientes pediátricos con cáncer o trasplante que se contagiaron de virus sincicial respiratorio, el 59% terminó hospitalizado y más de un tercio tuvo que retrasar o modificar el tratamiento de fondo que lo mantenía con vida. Cada uno de esos números tiene nombre, apellido y un expediente clínico que pudo escribirse de manera distinta.

No es una discusión de escritorio ni de politiquería legislativa. Cuando un niño en quimioterapia se contagia de influenza, cuando una bebé vulnerable se queda sin protección contra el VSR, o cuando un adolescente trasplantado no completa su esquema de vacunación contra COVID-19, no estamos ante un caso clínico aislado. Estamos ante una falla que se pudo evitar: de organización, de previsión y, seamos claros, de presupuesto que se autorizó y no se ejerció.

Las herramientas ya existen y funcionan: vacunas inactivadas contra la influenza, vacunas actualizadas contra la COVID-19 y anticuerpos monoclonales de acción prolongada contra el VSR. Es cierto que algunas personas inmunocomprometidas responden menos a las vacunas que la población general, pero la evidencia es clara de que vacunar reduce la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. De hecho, entre pacientes con trasplante o con terapia CAR-T que sí se vacunaron contra COVID-19, la supervivencia a los 12 meses fue mayor que entre quienes no lo hicieron. La ciencia ya hizo su parte. Quien no ha hecho la suya es la autoridad encargada de comprar, distribuir y aplicar a tiempo.

Por eso la protección de estos niños no puede seguir dependiendo de la voluntad de cada familia, de su capacidad de pago, ni de que el gobierno decida ejercer o no lo que el Congreso ya aprobó. Se necesita una política pública completa: abasto que llegue a tiempo, esquemas diferenciados para los grupos de mayor riesgo, vacunación también de sus contactos familiares y seguimiento clínico puntual. Y para que eso funcione, el personal de salud necesita algo elemental que hoy no tiene: información completa sobre cada paciente que atiende.

De ahí la urgencia de una cartilla nacional de vacunación digital, interoperable y centrada en la persona. No como un capricho tecnológico, sino como infraestructura básica de salud pública que exigimos desde hace años sin respuesta. Una cartilla digital permitiría revisar en segundos qué esquema tiene aplicado cada niña o niño, enviar alertas cuando falte una dosis, identificar a quienes viven con inmunosupresión, evitar que se dupliquen las aplicaciones, dar continuidad a la atención aunque el paciente cambie de institución y dirigir las campañas directamente a las zonas donde la cobertura es más baja. No es ciencia espacial: es voluntad política, la misma que ha faltado para ejercer el presupuesto ya etiquetado.

La cartilla de papel debe quedarse como respaldo —nunca puede convertirse en una barrera para quien no tiene conectividad—, pero ya no puede seguir siendo el único instrumento con el que contamos, ni la excusa para no modernizar un sistema que lleva años rezagado.

El próximo paquete fiscal es la prueba de fuego. Presupuestar salud no es solo pagar hospitales cuando la enfermedad ya llegó; es invertir para que nunca llegue a la sala de urgencias. Pero de nada sirve etiquetar más recursos si, como hemos visto año tras año, el subejercicio se vuelve la norma y no la excepción. México necesita recursos suficientes y, sobre todo, ejercidos a tiempo, para comprar y distribuir vacunas y biológicos contra enfermedades respiratorias —sobre todo para la población infantil y los grupos de riesgo—,fortalecer la cadena de frío, realizar campañas de vacunación y comunicación basadas en evidencia, y construir esa plataforma nacional de cartilla digital, interoperable, segura y con protección estricta de los datos personales. Exigiré, como lo he hecho en cada periodo de análisis del presupuesto, que se transparenten los ejercicios reales de estos recursos, partida por partida.

También hay que financiar la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta local, porque las epidemias respiratorias no respetan calendarios administrativos, colores partidistas ni fronteras entre instituciones. La prevención tiene que adelantarse a la temporada de frío, no improvisarse cuando las camas del hospital ya están todas ocupadas y el subejercicio del año anterior ya pasó factura en vidas.

Cuidar la vida de los mexicanos exige algo más que discursos en la conferencia matutina. Cada vacuna aplicada a tiempo, cada niño identificado antes de que sea tarde y cada dosis bien registrada representan una hospitalización menos, una familia menos con el alma en un hilo, y una oportunidad más para que el sistema de salud cumpla con lo que le corresponde. Eso no se logra con anuncios: se logra ejerciendo el presupuesto ya aprobado.

Este invierno no debería encontrarnos a ciegas, y mucho menos por decisión propia. La ciencia ya nos dio las herramientas; el dinero, en buena medida, ya está etiquetado. Lo que falta es que el Estado deje de subejercerlo y le dé a la salud de nuestros niños la organización y el alcance nacional que llevan años esperando.

Referencias

• [1] Kao CM, Bahakel H, Heald-Sargent TA, et al. Influenza, COVID-19, and RSV Vaccinations for Immunocompromised Children and Household Contacts. Pediatrics. 2026;158(2):e2026075971. doi:10.1542/peds.2026-075971.
• [2] Organización Panamericana de la Salud. (2026). Indicadores clave del Programa Ampliado de Inmunización: 2024. https://www.paho.org/es/documentos/indicadores-clave-programa-ampliado-inmunizacion-2024.

*El autor (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de la UNITE Parliamentarians Network for Global Health.