¿Fraude antes de votar?

La elección de 2027 todavía está lejos y algunos ya conocen el resultado: será fraudulenta.

Ni siquiera hemos llegado a las urnas y ya se acusa al árbitro de estar vendido. Es una estrategia política conocida: si gano, ganó la democracia; si pierdo, hubo trampa. El problema es que ese discurso no solamente erosiona a las instituciones. También puede terminar expulsando a los ciudadanos de las urnas. Si todo está arreglado de antemano, ¿para qué votar?

Por eso vale la pena dejar por un momento las consignas y revisar los hechos. La confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tiene que descansar en simpatías ni en actos de fe. Puede medirse mediante datos objetivos.

Hay, al menos, cuatro razones para hacerlo.

Primera: imparcialidad en las sentencias.

La imparcialidad de un tribunal no se demuestra con una sentencia conveniente, sino a lo largo del tiempo: cuando los mismos criterios jurídicos producen consecuencias semejantes para actores políticos distintos.

Si el Tribunal estuviera inclinado sistemáticamente a favor del partido gobernante, esperaríamos encontrar esa ventaja reflejada en sus sentencias. Los números muestran algo distinto: el PAN obtiene resoluciones favorables en 44.4% de sus asuntos; Movimiento Ciudadano, en 35.9%; el PVEM, en 35.3%; y Morena, en 34.3 por ciento.

Los casos concretos apuntan en la misma dirección. Por ejemplo, el Tribunal confirmó una megamulta de 62.2 millones de pesos impuesta a Morena por irregularidades en la fiscalización de su proceso interno para elegir a la persona encargada de coordinar la defensa de los comités de la cuarta transformación (SUP-RAP-391/2023). En otro asunto similar, confirmó una multa de 17.4 millones de pesos al PAN al analizar si determinadas encuestas realizadas durante una campaña debían considerarse gasto ordinario cuando sus resultados no se hicieron públicos (SUP-RAP-100/2025).

El TEPJF ha dictado resoluciones favorables y desfavorables para distintas fuerzas políticas, tanto del gobierno como de la oposición. La aplicación de la ley no distingue colores ni banderas, solo argumentos y pruebas.

Segunda: estabilidad y transmisión pacífica del poder.

Desde su creación en 1996, el TEPJF ha garantizado cinco elecciones presidenciales, en que han existido alternancias y 10 elecciones legislativas federales. Durante estas tres décadas, 31 entidades federativas han experimentado alternancias pacíficas, al igual que miles de municipios, y 73 elecciones han sido anuladas cuando estuvo comprometida la certeza de sus resultados.

Además, el año pasado llevó a buen puerto una elección judicial inédita, sin precedentes nacionales ni internacionales que pudieran servir como referentes normativos u operativos.

Tercera: justicia abierta y transparencia.

El TEPJF celebra sesiones públicas y abiertas. Sus sentencias, proyectos y decisiones pueden ser conocidos, examinados y criticados. Además, sus resoluciones se explican mediante boletines, infografías, artículos y otros materiales disponibles para la ciudadanía en sus plataformas digitales.

No es un tribunal que pida que se le crea. Es un tribunal que se expone al escrutinio público. Y un tribunal abierto no debe tener miedo a la crítica.

Cuarta: experiencia y capacidad técnica.

Durante tres décadas, el Tribunal Electoral ha desarrollado una especialización difícilmente sustituible en la resolución de controversias electorales.

Los datos ayudan a dimensionarla.

En 2024, el tiempo promedio de resolución fue de 10.26 días, a pesar de que ese año se resolvieron 40,426 asuntos. No existe rezago y las autoridades electas han podido tomar posesión de sus cargos en tiempo y forma.

Y todavía hay otro dato que rompe un lugar común: el Tribunal Electoral no es primordialmente un tribunal de partidos. El 66.27% de las demandas son presentadas por ciudadanos.

La fe se pide a ciegas. La confianza se gana con hechos.

La ciudadanía tiene derecho a cuestionar al árbitro y a exigirle cuentas. También tiene derecho a que nadie declare inútil su voto antes de que pueda ejercerlo.

Porque la confianza no se impone desde un tribunal.

Pero el fraude tampoco se demuestra con un prejuicio.