Fracasos del Estado

¿Cuántos y cuántas periodistas más tendrán que arriesgar su vida para informar? ¿Cuántos y cuántas padres y madres buscadoras tendrán que exponer su vida y su seguridad para buscar a sus hijos e hijas? ¿Cuándo asumirá este gobierno la obligación del Estado de garantizar el derecho a la vida, a la integridad, el derecho a informar y ser informado/a, la seguridad de todas las personas que vivimos y trabajamos en este país? La crisis de derechos humanos que gobiernos de todos colores se han empeñado  en negar,  perpetuada por la continua negligencia gubernamental, que afecta a millones de personas, se hace más patente en los asesinatos de periodistas y buscadoras/es, agredidos/as por  alzar la voz contra la arbitrariedad, la violencia y la injusticia.

Sólo la semana pasada la violencia contra periodistas cobró la vida de Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido en redes, en Puebla, quien había denunciado amenazas en mayo por denuncias sobre el gobierno municipal. Además, en Poza Rica, en un ataque a tiros contra tres periodistas, fue secuestrado el comunicador Eli Martínez quien, afortunadamente fue encontrado con vida doce horas después.  Estos atentados, en un contexto de agresiones persistentes contra periodistas, corroboran la pertinencia del llamado de Reporteros Sin Fronteras a la presidenta y las autoridades mexicanas, el 26 de agosto, a demostrar con acciones concretas su compromiso con la protección de periodistas. Este llamado, reproducido por 40 medios mexicanos, se inicia con la pregunta acuciante “¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe?”, que inspira el inicio de esta columna.

 RSF  no se limita a denunciar que, bajo este gobierno, 17 periodistas han sido asesinados, siete de ellos este año, también propone “una respuesta nacional de emergencia” en que se coordinen autoridades de todos los niveles, medidas para prevenir, investigar, sancionar estas agresiones y acabar con la impunidad, así como rendición de cuentas y evaluación de las deficiencias en estas medidas para evitar la repetición.  Desde hace tiempo, sabemos que México es uno de los países más peligrosos para el periodismo. 182 comunicadores/as asesinados/as, ocho desaparecidos , muchos desplazados/as y, sobre todo (RSF, Artículo 19), quienes hoy arriesgan su vida, interpelan también a quienes hemos de defender nuestro derecho a la información.

Las madres y familias buscadoras también requieren la solidaridad y exigencia de la sociedad, por más dividida y golpeada que esté. Este domingo pasado, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, colectivos de búsqueda se manifestaron en la Cd.Mx. para demandar, una vez más, verdad y justicia. La semana pasada ellas comprobaron de nuevo que actuar contra la injusticia también conlleva altos riesgos. Justo el sábado 29, Alma Rojo Medina, fundadora de Voces por la Vida en Sinaloa, y su hija  sufrieron un ataque armado, del que resultaron heridas. Esta agresión forma parte de la violencia que ha matado a 34 personas defensoras y desaparecido a ocho desde 2010, de las cuales nueve fueron asesinadas y 7 desaparecidas en este sexenio (Artículo 19), la mayoría en Guanajuato, Sinaloa y Jalisco, estados minados  por el crimen organizado y autoridades corruptas o negligentes.

Quienes perpetran estas violencias contra personas buscadoras, como subrayan los propios colectivos y Artículo 19, pretenden sembrar miedo y detener las acciones de búsqueda de quienes se han unido y desafiado a los criminales y a autoridades hostiles para encontrar a sus desaparecidos/as; así amedrentan también a las familias y a las comunidades, buscan destruir las redes de solidaridad.  

En este contexto, cabe preguntarse si el recién aprobado Protocolo especializado para investigar delitos contra personas defensoras de derechos humanos tendrá alguna efectividad en la práctica, más allá de homologar procedimientos formales. Continuar con la simulación ante la tragedia de 134,000 personas desaparecidas sería una afrenta más a sus familias y a la sociedad.

Ante los autoelogios gubernamentales,  quienes informan con verdad y buscan justicia en México merecen nuestro respaldo y solidaridad.