Entornos digitales: los niños sólo son el pretexto

El miércoles pasado, entró en vigor el decreto de la presidenta Sheinbaum para regular los entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, que establece nuevas obligaciones para las plataformas digitales, como la de identificar y retirar de forma inmediata cualquier cuenta o contenido que promueva o incite al odio.

El decreto, de entrada, adolece de toda clase de vicios jurídicos y constitucionales. En primer lugar, fue emitido con fundamento en el artículo 89, fracción I de la Constitución Federal, que prevé a la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal. Como cualquier abogado debería saberlo, esta facultad no autoriza a la Presidenta para imponer nuevas obligaciones a los particulares, sino que únicamente le permite establecer las condiciones de forma y tiempo en las que los particulares deben cumplir con obligaciones que ya fueron impuestas en una ley por el Poder Legislativo. La lógica es simple: la imposición de nuevas obligaciones al pueblo solamente puede ser aprobada por los legisladores que lo representan, y no por decretos improvisados por la Presidenta de un día para otro, como si se tratara de circulares escolares.

En este caso, el decreto fue emitido imponiendo una carga de obligaciones nuevas a las plataformas digitales que no se encuentran previstas en la ley, en exceso de la facultad reglamentaria de la Presidenta. Mientras otras industrias, como la de telecomunicaciones y radiodifusión, pudieron monitorear o incluso participar en conversatorios en el Congreso de la Unión, para opinar cuando se les impusieron obligaciones sobre sus contenidos, o en materia de colaboración con la justicia, las plataformas despertaron un miércoles con un nuevo régimen de obligaciones que tenían que cumplir ese mismo día. Morena se quiso ahorrar la golpiza mediática, la crítica pública y el costo político que la ha frenado al emitir regulación similar para otros medios. Por otro lado, el decreto también tiene una falla de diseño importante. A pesar de que las obligaciones son gravosas para las plataformas, no prevé un régimen de sanciones por su incumplimiento. En otro momento histórico de México, esto podría ser un atenuante en el efecto censurador del decreto, pero si tomamos en cuenta que el oficialismo ha olvidado por completo el principio de legalidad, es probable que las autoridades interpreten la falta de un régimen de sanciones, como una libertad para imponerlas de manera arbitraria y hasta creativa. En cuanto al fondo de la nueva regulación, el decreto presenta riesgos de censura, pues prevé obligaciones tan amplias como la de identificar y retirar de forma inmediata cualquier cuenta o contenido que genere o promueva discursos de odio, extremismo violento, intercambio de contenidos de usuario a usuario que promuevan o inciten al odio o a la violencia, entre otros, incluso si los mismos no son consumidos por niñas, niños o adolescentes.

Si tomamos en cuenta que el decreto no establece definiciones o criterios claros de estos conceptos, su aplicación podría derivar en la posibilidad para que Morena ordene el retiro de cualquier contenido o conversación entre sus críticos u opositores, que le resulte desfavorable, argumentando que incita al odio, incluso si ninguna niña, niño o adolescente resulta beneficiado con la medida. Los niños sólo son el pretexto.

El decreto además es incongruente con las propias políticas del Morenato. Por un lado, el partido impone libros de texto en las escuelas que incitan al odio en contra de expresidentes de oposición, y difunde orgullosamente una campaña de abrazos a los cárteles responsables de la violencia masiva en el país. Mientras tanto, emite un decreto en el que simula una urgente preocupación para que los niños no accedan a contenidos violentos o discursos de odio, de esos que Morena ha utilizado por años como estandartes de su propio movimiento.

No pasa desapercibida la obligación que el decreto impone a las plataformas para que elaboren y “compartan” con la autoridad reportes estadísticos sobre los patrones o tendencias detectadas sobre los contenidos, una carga sospechosamente conveniente en la víspera del siguiente proceso electoral.