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La disponibilidad de vivienda no siempre implica asequibilidad
Opinión
El acceso a la vivienda en México enfrenta un desafío que va más allá de construir nuevas unidades. Durante la última década, los precios de los inmuebles han aumentado a un ritmo superior al de los ingresos de los hogares, deteriorando su capacidad adquisitiva, incluso en mercados con una oferta amplia.
Entre 2016 y 2025, los precios de la vivienda acumularon un incremento de 108.5%, mientras que los ingresos laborales de los hogares crecieron apenas 25%. Esta divergencia, medida a través del Índice de Poder Adquisitivo de la Vivienda e Ingreso por Trabajo Relativo (Ipavir), alcanzó 83.6 puntos porcentuales en 2025, de acuerdo con la última medición del indicador.
El deterioro del poder adquisitivo presenta marcados contrastes regionales. Baja California Sur registra la mayor divergencia, con un Ipavir de 144.2 puntos porcentuales, seguida de Quintana Roo, con 131, y Nayarit, con 117.5. Estas entidades comparten una importante actividad turística, por lo que parte del aumento de precios podría asociarse con compradores que no residen habitualmente en estos estados.
En contraste, Hidalgo presenta la menor divergencia, con 50.6 puntos porcentuales, seguido de Morelos y Tlaxcala, ambos con 55.5. Sin embargo, una brecha menor no significa que la vivienda sea asequible, ya que el indicador compara la evolución de precios e ingresos, sin considerar el costo absoluto de adquirir un inmueble ni su disponibilidad en el mercado.
Al cierre de 2025, el Registro Único de Vivienda contabilizaba poco más de 265 mil viviendas terminadas o en construcción, correspondiendo 43% al segmento de interés social, 32.7% al tradicional y 24.3% al medio y residencial. Sin embargo, la distribución del inventario y su relación con el financiamiento revelan desequilibrios. A escala nacional, la cobertura de oferta, que compara el inventario registrado con las viviendas financiadas durante un año, alcanzó 88.3%, equivalente a 10.6 meses de operaciones hipotecarias.
A nivel estatal, Tamaulipas registra una cobertura de 171%, seguido de Chiapas, con 166%, y Durango, con 154.8%. En estos mercados, el inventario supera el volumen anual de viviendas financiadas, esto no implica sobreoferta, ya que parte de las unidades aún se encuentra en construcción. En el extremo opuesto se ubican Ciudad de México con una cobertura de 19.9%, y Campeche con 32.6%, donde el inventario representa una proporción considerablemente menor del financiamiento observado.
Los contrastes también se extienden a los segmentos habitacionales. Mientras la vivienda de interés social presenta una cobertura nacional de 151.8%, equivalente a 18 meses de financiamiento, la tradicional alcanza 89.1% y la media-residencial apenas 47.8%. Esta disparidad plantea una interrogante: ¿por qué persisten las dificultades de acceso cuando existe una disponibilidad relativamente elevada de vivienda social?
Parte de la explicación podría encontrarse en las restricciones de ingreso y financiamiento, así como en el inventario todavía en construcción. Si bien una mayor disponibilidad de vivienda siempre es positiva, incrementar la oferta habitacional no garantiza, por sí mismo, mejores condiciones de acceso. Para atender las necesidades de los hogares es indispensable considerar su capacidad adquisitiva, el acceso al crédito y la composición de la vivienda ofrecida.
El problema de la vivienda asequible en México no puede reducirse a la cantidad de unidades disponibles. Mientras algunas entidades registran inventarios superiores al volumen anual de financiamiento, otras enfrentan una oferta limitada, en un contexto de deterioro del poder adquisitivo. Esta heterogeneidad exige soluciones diferenciadas para cada mercado. El verdadero desafío no consiste únicamente en construir más viviendas, sino en lograr que la oferta sea compatible con las necesidades y con la capacidad de pago de los hogares.