Derechos humanos: de la promesa corporativa a la prueba de realidad

Durante años, las empresas incorporaron los derechos humanos en sus discursos de sostenibilidad. Los informes corporativos comenzaron a hablar de diversidad, inclusión, seguridad laboral, respeto a las comunidades y relaciones responsables con proveedores. Sin embargo, detrás de esos compromisos siempre ha existido una pregunta clave: ¿cómo traducir esas promesas en cambios reales y tangibles para las personas?

Esa fue una de las grandes reflexiones del X Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, celebrado recientemente en Panamá. A 15 años de la adopción de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, el mensaje fue claro: hoy ya no basta con declarar compromisos o contar con políticas corporativas. La verdadera exigencia está en demostrar, con procesos efectivos de debida diligencia, cómo las empresas identifican, previenen, gestionan y remedian los impactos que sus actividades pueden generar sobre las personas.

Este cambio representa una evolución profunda en la forma de entender la responsabilidad empresarial. Tradicionalmente, la debida diligencia se asociaba con la identificación de riesgos financieros, legales o reputacionales para la organización. Hoy, el enfoque es distinto: el centro ya no está únicamente en proteger a la empresa, sino en comprender cómo sus decisiones, operaciones y relaciones de negocio pueden afectar los derechos de las personas. 

Esto implica mirar con mayor profundidad los riesgos que enfrentan las personas trabajadoras, las comunidades vecinas, los pueblos indígenas, los trabajadores migrantes y otros grupos potencialmente impactados por la actividad económica. No es casualidad que los Principios Rectores de las Naciones Unidas establezcan que las empresas deben poner especial atención en aquellas personas o grupos que pueden estar en mayor situación de vulnerabilidad, precisamente porque son quienes enfrentan un mayor riesgo de sufrir impactos adversos derivados de la actividad empresarial.

La llegada de nuevas regulaciones internacionales está acelerando esta transformación. Lo que durante más de una década se impulsó principalmente a través de marcos voluntarios, comienza ahora a traducirse en obligaciones legales para las empresas. La Directiva Europea sobre Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés) es uno de los ejemplos más relevantes de esta nueva etapa. 

Pero reducir esta conversación al cumplimiento normativo sería quedarse corto. La pregunta de fondo es si la política de derechos humanos de la empresa influye en sus decisiones, en su gobierno corporativo, en sus cadenas de valor y en la manera en que se relaciona con las personas.

Esta discusión es especialmente relevante para América Latina. Nuestra región ocupa un lugar estratégico en las cadenas globales de suministro en sectores como minería, agricultura, manufactura, energía e infraestructura. Esto significa que cada vez más empresas que operan en la región enfrentarán mayores exigencias para demostrar que sus actividades respetan estándares internacionales y que cuentan con mecanismos efectivos para prevenir y gestionar impactos.

De hecho, muchas veces la verdadera prueba está en las cadenas de valor. Es ahí donde se vuelve más complejo garantizar que proveedores, contratistas, subcontratistas o intermediarios laborales actúen bajo los mismos estándares que la empresa matriz. También es ahí donde pueden concentrarse algunos de los riesgos más relevantes: condiciones laborales precarias, discriminación, trabajo forzoso, restricciones a la libertad sindical o afectaciones a comunidades locales.

Y para las empresas, hay que enfatizar que los derechos humanos no pueden seguir siendo responsabilidad exclusiva de las áreas de sostenibilidad o cumplimiento. Deben integrarse a los procesos de toma de decisiones, gestión de riesgos, compras, operación, recursos humanos, relación con comunidades y gobernanza corporativa. Solo así será posible identificar los impactos sobre las personas con el mismo rigor con el que se gestionan otros riesgos estratégicos para el negocio. Tal como lo plantea la Guía de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable de la OCDE. 5

Las empresas que ignoren esta tendencia enfrentarán costos legales, regulatorios y reputacionales cada vez mayores. En cambio, aquellas que avancen hacia prácticas sólidas de debida diligencia estarán mejor posicionadas para fortalecer la confianza de inversionistas, clientes, comunidades y autoridades. También estarán mejor preparadas para acceder a financiamiento, construir relaciones de largo plazo y anticipar riesgos que pueden afectar la continuidad de sus operaciones.

En sectores como el de infraestructura, donde la legitimidad social y la confianza son indispensables, este enfoque cobra aún más importancia. Operamos en territorios, convivimos con comunidades, generamos empleo, movilizamos a proveedores y tenemos un impacto directo en la vida cotidiana de las personas. Por eso, humanizar la relación con los grupos de interés es una condición para construir negocios sostenibles y resilientes.

Las organizaciones que entiendan esta transformación estarán mejor preparadas para responder a las nuevas exigencias regulatorias. También tendrán una oportunidad más profunda: construir relaciones de confianza y duraderas con las personas que hacen posible su operación. Al final de cuentas, la verdadera sostenibilidad se encuentra en la capacidad de las empresas para generar valor sin perder de vista a quienes están en el centro de sus decisiones.

*La utora es directora Global de Comunicación y Sostenibilidad de Aleatica.