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La Cultura de la Paz, Distribución de la Pobreza
Pascual Hernández Mergoldd | La cultura de la paz
“Así vamos a seguir gobernando…” Claudia Sheinbaum.
Luego de que el antecesor de la Presidenta despareciera 109 fideicomisos públicos, dispusiera de sus fondos y endeudara más al país, el apetito presidencial por los recursos financieros de trabajadores y ahorradores es insaciable con lo que se inquieta a amplios sectores del tejido social.
Aunque contamos con una banca de desarrollo que tiene una participación mayor al 10% en el sistema financiero nacional y que prácticamente no se aprovecha, los proyectos que generan pérdidas financieras, como las obras emblemáticas del gobierno anterior, no pueden ser financiados por esa banca.
1. Con las reformas a la ley del INFONAVIT de diciembre de 2024 impulsadas por la Mandataria, el gobierno tiene a su disposición 2.5 billones de pesos propiedad de los 57 millones de trabajadores afiliados al INFONAVIT para financiar el “Programa de Vivienda para el Bienestar” que pretende dotar de vivienda a personas que no cotizan en el instituto.
2. Las AFORES administran cerca de 78 millones de cuentas de ahorro para el retiro y un monto aproximado de 8.3 billones de pesos monto que representa alrededor del 24% del PIB nacional. Con la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, aprobada en días pasados por el Senado, el gobierno podría disponer de hasta 2.5 billones de pesos para invertir en infraestructura sin que los propietarios de ese dinero lo autoricen. Desde octubre de 2024 la CONSAR actualizó el régimen de inversión para permitir que las AFORES destinen hasta el 30% de sus activos a ese tipo de inversión.
Supuestamente sólo se canalizarán recursos provenientes del ahorro para el retiro de los trabajadores cuando las inversiones cumplan con estándares de rentabilidad, viabilidad técnica y gestión de riesgos, como había ocurrido históricamente en el sistema. Esta medida genera preocupación por posibles impactos negativos en rendimientos y en la autonomía de los fondos de trabajadores. No es posible ignorar que las obras de infraestructura del gobierno construidas por militares como el Tren Maya, el AIFA, Dos Bocas y el Corredor Interoceánico no son rentables y requieren de miles de millones de pesos en subsidios. Sin contar los hoteles y una amplia infraestructura propiedad de la empresa pública “Grupo Mundo Maya” que controla la Secretaría de la Defensa Nacional. Con esas tareas se distrae de sus funciones sustantivas a personal militar, además de significar una competencia desleal a los constructores y empresarios civiles.
3. Otra medida que afectará a los trabajadores que cotizan en el ISSSTE y en el IMSS es el programa “Servicio Universal de Salud”, cuyo objetivo es garantizar que toda persona pueda atenderse en cualquiera de esos sistemas de salud o del IMSS Bienestar, lo que significa que con las cuotas obrero patronales que financian sus servicios médicos, los trabajadores formales habrán de subsidiar los servicios médicos a integrantes de la economía informal.
No es casual que crezca la desconfianza de inversionistas e instituciones financieras, entre otros, hacia el gobierno mexicano que se empeña en debilitar la certeza jurídica, asignar contratos de obra pública en total opacidad, así como autorizar exorbitantes sobrecostos y por los frecuentes cambios regulatorios como la reciente aprobación de la Suprema Corte para que la UIF, sin mediar orden judicial, ordene el congelamiento de cuentas bancarias de personas físicas y morales. Se trata de la aplicación severa de reglas a la sociedad, pero con flexibilidad al poder
Es triste que la cultura de la paz sea lastimada por acciones oficialistas de los tres poderes de la Unión, controlados por la Presidenta, al robar la tranquilidad de una buena parte del tejido social poniendo en riesgo su ahorro para financiar o subsidiar políticas del bienestar que sólo se traducen en una distribución de la pobreza.
Desde hace casi ocho años, sin mejorar la calidad de vida ni prosperidad de la ciudadanía, el gobierno aplica sistemáticos ataques a libertades y derechos.
* El autor es abogado, negociador y mediador
X: @Phmergoldd